Isis Soto, fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, pidió este jueves 29 de junio una condena de 5 a 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, cofundadores de la extinta firma forense Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el caso denominado Lava Jato.
Igualmente, la fiscal solicitó la misma pena para Edison Teano y María Mercedes Riaño, dos antiguos colabores de la firma.
Los cuatro son parte del grupo de 32 personas enjuiciadas en el tribunal de la juez penal Baloisa Marquínez. La fiscalía ha sostenido en todo el proceso que se les acusa no por la venta y constitución de sociedades anónimas, sino por presuntamente facilitar el delito de blanqueo de capitales a través de sociedades y fundaciones, y prestando servicios como profesionales del derecho.
La Fiscal Segunda Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, brinda declaraciones al culminar el cuarto día de la audiencia del caso Lava Jato. Video Elysée Fernández. Más noticias en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/PXphL5CzTX
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 29, 2023
La fiscal sostuvo en su alegato que Mossack Fonseca se valió del sistema financiero nacional para ocultar fondos provenientes de actividades ilícitas. Sostiene que tanto la firma como Mossack Fonseca do Brasil (a cargo de Riaño) realizaron innumerables transacciones financieras con dinero de procedencia ilícita.
También detalló que gracias a las investigaciones realizadas por las autoridades brasileñas se pudo establecer que los brasileños Mario Goes, Renato Sousa, David Muino, Roberto Trombeta, Ademir Aguada y Pedro Barusco, todos procesados en ese país por delitos financieros, lavado y corrupción, ocultaron fondos a través de diversas sociedades anónimas ligadas Mossack Fonseca do Brasil.
Aunque Guillermina McDonald, abogada de los socios Mossack y Fonseca Mora, ha dicho que la firma no tenía relación con la oficina de Brasil, ya que la dueña de la misma era Riaño, la fiscal sostiene que ha quedado acreditado que a los clientes de Brasil, como Aguada y Trombeta, se les brindaban atenciones y servicios cuando visitaban Panamá.
También detalló que la fiscalía logró aportar en el expediente una serie de alertas rojas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre Mossack y Fonseca Mora por transacciones sospechosas.
Respecto a Riaño, la fiscal aseguró que destruyó información relacionada con las actividades de Mossack Fonseca do Brasil, ante el temor de un allanamiento por parte de la Policía Federal Brasileña. Además, se comprobó que recibió dinero en efectivo proveniente de sus clientes en Brasil.
Según Soto, consta que Riaño ocultó y encubrió las transacciones de Mossack Fonseca do Brasil (una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas en 2009), a pesar que dicha sociedad no mostraba operaciones en territorio brasileño.
En el caso de Teano, la fiscal alegó que mantiene un alto grado de participación en las operaciones de Mossack Fonseca y que incluso aparecía como representante de dicha firma en Brasil. Incluso, realizaba constantes viajes a Brasil, para promocionar los servicios de la firma ante clientes potenciales y es descrito como el vínculo entre las oficinas de ambos países. Teano también es defendido en este caso por McDonald.
Explicó que en el allanamiento realizado por la DIJ a la residencia de Teano se ubicó información relacionado con órdenes para destruir correos relacionados con las actividades en Brasil.
Termina el desfile de testigos
El juicio se inició el pasado lunes y este jueves, a mediodía, terminó el interrogatorio de 15 testigos de la defensa y la fiscalía. En la tarde de ayer, la fiscalía inició su fase de alegatos. La juez les concedió hasta ocho horas para exponer sus argumentos finales. Luego será el turno de la defensa. A cada uno de los imputados (y son 32) les corresponderá una hora.
La jornada del jueves alcanzó únicamente para que la fiscalía presentara sus alegatos en relación a Mossack, Fonseca Mora, Teano y Riaño. El resto quedará para la mañana del viernes 30 de junio.
Entre los últimos testigos que declararon la mañana de este jueves está Humberto Arcia, contador público y banquero panameño, quien aseguró que los bancos locales mantienen mecanismos de seguridad para evitar el blanqueo de capitales, que es el delito que se investiga en esta causa.
Arcia, que fue aducido por el abogado Claudio Francis McDonald, abogado de los imputados Hilda Soto, Rubén Hernández y Ernesto González, todos exempleados de la extinta firma Mossack Fonseca, recordó que a través de la Ley 23 de 2015 se acordó la aplicación de nuevas normativas para el control de posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
Explicó que los bancos han creado gerencias ejecutivas para evitar actividades relacionadas con el blanqueo y recalcó que toda operación sospechosa genera que las autoridades bancarias pidan a los titulares de las cuentas información sobre actividades fuera del perfil declarado, situación conocida como debida diligencia. Estas alertas pueden ser enviadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para darle seguimiento. También explicó que la Superintendencia de Bancos ejerce una fiscalización permanente sobre posibles actividades anómalas.
La siguiente testigo en subir al estrado fue la traductora Zaletti Barrios de Campos, a quien el Ministerio Público pidió traducir una serie de asistencias judiciales respondidas por las autoridades de Brasil, sobre las investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato.
