Tras 63 horas de sesión la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, concluyó este lunes 4 de septiembre el juicio a 18 personas por presunto blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos a través de la sociedad Blue Apple.
Marquínez, quien se acogió al término de 30 días prorrogables que le permite la ley, anunció que tiene pendiente por resolver dos incidentes de prescripción de la acción penal a favor de César Jaramillo y Juan Daniel Girón y uno de nulidad constitucional presentado a favor de Manuel Ruiz. Esos recursos, según dijo, serán resueltos en la sentencia correspondiente.
Durante los 10 días en que se desarrolló el juicio intervinieron 13 abogados defensores y cuatro fiscales anticorrupción, se evacuaron los testimonios de cinco peritos, 12 testigos y se presentaron pruebas documentales.
Alfredo Vallarino, abogado de César Jaramillo de la empresa constructora Conalvías, fue el último en presentar sus alegatos ante el tribunal.
Al inicio de su intervención Vallarino pidió a la jueza Marquínez declarar prescrita la acción penal de su cliente, ya que el delito de corrupción del que se le acusa solo tiene una pena de seis años de prisión y en este caso ese término de tiempo ya fue superado.
Vallarino cuestionó la participación del perito Eliseo Ábrego, quien elaboró el informe de análisis financiero del caso Blue Apple, al asegurar que el funcionario no tenía la idoneidad para realizar este trabajo.
También detalló que en este caso hubo presiones para lograr acuerdo de colaboración y pena por parte del Ministerio Público.
La última jornada
Los alegatos de tres abogados defensores fueron evacuados la mañana de este lunes en los que solicitaron un veredicto a favor de los procesados Melina Cano, Luis Alberto Arias, Octavio Samaniego y Marcelino Martínez de los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El décimo día juicio del caso Blue Apple arrancó con la intervención de Arturo González Baso, abogado de Melina Cano, quien fungió como secretaria del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez (2009-2012), también imputado.
González Baso alegó que su cliente no aparece en el esquema de sociedades anónimas usadas para desviar fondos provenientes de contratos con el Estado.
El abogado planteó que a su cliente se le atribuyen delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, pero que en el desarrollo del juicio la fiscalía no ha podido probar esas acusaciones.
Durante su intervención, González Baso recalcó que a su cliente se le vinculó al caso por presuntamente participar en el proceso de adquisición de unas turbinas del proyecto hidroeléctrico El Síndigo, relacionado al exministro Suárez, pero que ese señalamiento es falso, ya que para cuando se hizo esa tramitación ya no trabajaba en el MOP. Sostuvo que ella laboró en el MOP hasta el 31 de agosto de 2014 y las transacciones para adquirir las turbinas se dieron en noviembre de ese mismo año.
Luego intervino William Parodi, abogado de Luis Alberto Arias, quien aseguró que la fiscalía vincula a su cliente con Blue Apple a través de una transferencia de $500 mil hecha a la sociedad Inversiones y Servicios LJ, pero que en realidad el beneficiario final y responsable de esa sociedad era su hermano Hernando Arias (q.e.p.d).
Parodi dijo que la fiscalía no se interesó en investigar otras empresas que recibieron fondos de Blue Apple, tal es el caso de la sociedad Power Express que recibió la suma de $2.2 millones, que circularon a través de las sociedades Colada Investment y Financial Invoices.
El tribunal concedió al imputado Luis Alberto Arias cinco minutos para dirigirse al estrado, tiempo que aprovechó para señalar que nunca pudo imaginar que la relación con su hermano (Hernando Arias) lo llevaría a asuntos judiciales que desconocía por completo.
“No es fácil ventilar públicamente la conducta ilegal de mi hermano”, expresó. Consideró que la investigación de los fiscales ha sido muy buena, pero opinó que obviaron, “de manera inexplicable”, perseguir a otras sociedades que recibieron fondos relacionados con Blue Apple.
En tanto, Christian Ortega, abogado de Marcelino Martínez y Octavio Samaniego, fue el siguiente en presentar sus alegatos. Con respecto a Martínez, para quien la fiscalía solicitó un veredicto absolutorio, aplaudió la decisión del Ministerio Público, ya que su cliente no tiene ninguna relación con esa investigación.
En cuanto a Samaniego alegó que es incomprensible la decisión de la fiscalía de imputar cargos por blanqueo de capitales, sin que existieran pruebas en su contra. Ortega dijo que su cliente era una persona manejable, a quien se le daban instrucciones y que fue “enredado” por quienes realmente crearon el esquema de lavado de dinero y “sorprendido en su buena fe”.
Agregó que Federico Barrios Alaín, creador de Blue Apple, confesó haber falsificado la firma de Octavio Samaniego al momento de crear sociedades anónimas que luego se vincularon con Blue Apple.
Según Ortega la firma de su cliente fue falsificada por otras personas que fueron beneficiadas con un acuerdo de colaboración y que ahora están libres sin haber pagado un día de cárcel.
También intervino Marcela Araúz, abogada de Riccardo Francolini, quien sostuvo que los hechos presentados por el Ministerio Público son falsos. Araúz explicó que Joaquín Rodríguez Salcedo, de Factor Global y quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía, nunca señaló que Francolini fuera parte de la estructura societaria relacionada a la sociedad Blue Apple.
Según ella Barrios Alaín, aseguró que Francolini no tenía nada que ver con ese esquema criminal relacionado con Blue Apple.
A la vez recalcó que ninguno de los contratistas a los que se solicitó pagos o coimas o donaciones políticas para agilizar trámites señalan a Francolini como parte del citado esquema.
Dijo que el propio perito Eliseo Álvarez refirió que los fondos empleados por la constructora Rodsa no fueron usados para la compra de un bien a Bristol Resort a través de Fundación El Olimpo, cuyo beneficiario final era Francolini.
En tanto, Arturo Saurí, abogado de George Moreno y Juan Daniel Girón, dijo que en el caso de Moreno, este nunca tuvo relación con la sociedad Blue Apple, ya que desconocía que los fondos usados para la compra de unos terrenos en Mariato, provincia de Veraguas, procedían de Blue Apple.
Alegó que Jorge Espino mintió a la fiscalía al señalar que la compra de los terrenos en Mariato se hizo a solicitud del exministro de Obras Públicas Jaime Ford y con la participación de Moreno.
Agregó que la actuación de Espino es corroborada por Barrios Alaín, quien aseguró que no conocía a Moreno y que los cheques para el pago de esas tierras fueron gestionados por Jorge Espino.
En cuanto, Juan Daniel Girón, del Grupo Corporativo GS, alegó que fue víctima de una extorsión por parte del director de proyectos del Mop, Jorge Churro Ruiz, quien le habría exigido pagos para la agilización de procesos para favorecer los proyectos de infraestructura asignados por el Estado.
“Estos funcionarios jugaban con el temor de los contratistas de perder sus contratos y no poder concluir los proyectos”, aseguró Saurí.
También detalló que a su cliente se le endilga el delito de corrupción, cuya pena no supera los seis años de prisión, por lo que se encuentra prescrita.
Los últimos en intervenir fueron la defensora pública Rosario Granda de Brandao, abogada de Manuel Ruiz Gil y Alfredo Vallarino, con quien se finalizó la etapa de alegatos. Granda de Brandao fue la abogada que interpuso el incidente de nulidad constitucional a favor de su cliente, que la jueza ahora debe responder en la sentencia.
Los alegatos se iniciaron el pasado viernes 1 de septiembre en una jornada en la que actuaron los abogados Basilio González (en representación del imputado Jaime Ford), Rosendo Miranda (de Federico Suárez y Valentín Martínez), Ricardo Vial (de Marcelino Martínez), Roummel Salerno (de Martín De La Espriella) Gilberto Bernal (de Luis Antonio Donadío) Eduardo Sequeira, (de Silvia Rojas, la nana de Federico Barrios) y Roberto Moreno (de Alcides Bernal).
Lo que está pendiente
A su salida, el fiscal Aurelio Vásquez, quien el pasado viernes -junto a sus colegas Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barría- pidió condena para 14 imputados, aseguró que el incidente de nulidad constitucional a favor de Manuel Ruiz Gil que alega que no se cumplió con los parámetros de la ley en la indagatoria no tiene asidero, toda vez que esa diligencia fue hecha con la asistencia de un abogado.
Sobre los incidentes de prescripción de Vallarino y Saurí, Vásquez manifestó que el tribunal se pronunció en ambos casos, de lo cual se infiere que el delito de corrupción de servidores públicos se configura, ya que hubo ofrecimiento o promesa. Le pidió a la jueza que rechace estos incidentes y condene a los imputados.
Este caso se desarrolla bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto del viejo Código Judicial. Esta normativa establece que la jueza tiene 30 días calendarios para resolver los incidentes de los abogados defensores y emitir su fallo, el cual puede ser apelado ante un tribunal superior. Sin embargo, puede ser más tiempo en función de lo extenso del expediente.
El desarrollo del juicio se efectuó en el salón de audiencias de Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en el Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón. Fue transmitido en directo a través de la plataforma digital de YouTube del Órgano Judicial “con el propósito de garantizar los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información”. Además, se habilitó un área especial para coberturas periodísticas.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una sentencia condenatoria y la aplicación de penas “ejemplarizantes” para 14 personas, entre ellos dos exministros, por delitos que van desde el blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. Además, pidió la absolución para otras dos personas.
Esta causa penal, que consta de 371 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017, a través de un informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2009-2014), con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de darles apariencia legítima.
Hasta ahora el Ministerio Público ha logrado recuperar $40 millones de un total de unos $80 que se habrían desfalcado.
Hay que recordar que un día antes de que se iniciara la audiencia, el pasado 21 de agosto, dos imputados -los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares- lograron que su caso pasara a la Corte Suprema de Justicia tras juramentarse como diputados suplentes del Parlamento Latinoamericano (Parlacen). Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se suman así a la también diputada del Parlacen, Kristelle Getzler Herrera, cuyo caso debe ser resuelto por los nueve magistrados de la Corte.
