El caso New Business ha sufrido un nuevo tropiezo.
El magistrado Cecilio Cedalise ha decidido admitir un amparo de garantías constitucionales que presentó el abogado de Vernon Salazar, uno de los 10 imputados que fue absuelto por la juez penal Baloisa Marquínez, en el mismo caso en el que el expresidente Ricardo Martinelli y cuatro personas más fueron condenadas por blanqueo de capitales, en julio pasado.
El amparo de Salazar es contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de acoger la apelación del fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, por la absolución dictada por la juez Marquínez, a favor de 10 imputados.
Cedalise, en una decisión adoptada el 18 de octubre pasado, solicitó un informe al Tribunal Superior, “dentro del término de las dos horas siguientes” a su notificación. Igualmente, el magistrado ordenó “la suspensión inmediata de la orden impugnada mientras se decide la presente acción de amparo de garantías constitucionales”.
Aunque la orden de Cedalise trata específicamente de la decisión que adoptó el Tribunal Superior respecto a la apelación del fiscal y no guardaría relación directa con las condenas que la juez dictó contra Martinelli, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Valentín Martínez e Iván Arrocha, sí afectaría todo el caso, porque hasta que no se decida el amparo primero y las apelaciones después, la sentencia condenatoria no quedaría en firme.
El Tribunal Superior de Liquidación, que debe atender las apelaciones, ahora no puede hacer nada hasta que Cedalise y el pleno de la Corte resuelvan el amparo de Salazar, salvo que los propios magistrados del Tribunal acuerden una ruptura procesal para que el caso avance respecto a Martinelli y los otros condenados, opinó el abogado Rodrigo Noriega. Después de todo, la parte del expediente que concierne a Martinelli no ha sido impugnada.
Los últimos pasos
Para entender lo ocurrido, hay que recordar las decisiones más importantes del caso de New Business, adoptadas en los últimos tres meses.
El 18 de julio de 2023, la juez Marquínez dictó condena de 10 años y ocho meses de prisión contra Martinelli, por el blanqueo de los fondos públicos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, cuando era gobernante. También lo condenó al pago de $19.2 millones. Ochy, Arrocha, Vásquez y Martínez fueron condenados a penas entre 60 y 96 meses de prisión. Todos apelaron.
El 21 de julio, el fiscal Márquez comunicó su apelación al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, vía correo electrónico. El lunes 24 de julio, lo presentó por escrito.
El 25 de julio, la juez Marquínez no admitió la apelación anunciada por el fiscal Márquez, alegando que el caso New Business “no se ciñe bajo un expediente judicial electrónico”. El anuncio de apelación que se recibió, por escrito, el 24 de julio estaba, según la juez, fuera de término.
El 6 de septiembre, el Tribunal Superior de Liquidación dio luz verde al fiscal para que presentara su apelación. Esta es la decisión que fue demandada por Vernon Salazar, en su amparo de garantías constitucionales.
William Parodi, abogado de Salazar, insistió a La Prensa que el fiscal anunció su apelación fuera de término y que el Tribunal Superior violó el debido proceso. Según él, debió prevalecer la decisión de la juez Marquínez de no admitir la apelación de Márquez.
No es la primera vez que Salazar presenta recursos para impedir la apelación de la fiscalía. Antes promovió una “solicitud de aclaración”, pero la misma fue rechazada por el Tribunal Superior. Un recurso similar fue presentado por Jean Pierre Miranda, como apoderado de Martinelli, pero también fue “rechazada de plano por improcedente”, el 25 de septiembre pasado.
