El magistrado Cecilio Cedalise tiene ante sí la decisión crucial de admitir o no la demanda presentada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tocumen acudió a la Sala Tercera de la CSJ con una demanda contenciosa administrativa para que se declare nula, por ilegal, la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), que falló a favor de Odebrecht y revocó una decisión del aeropuerto de dar por terminado el contrato con la constructora e inhabilitar a la empresa para participar en otras licitaciones con el Estado.
La demanda fue asignada al despacho del magistrado Cedalise desde el pasado 20 de febrero a las 5:09 de la tarde, pero aún no ha sido admitida.
El recurso lo presentó la firma Morgan & Morgan, en representación de Aitsa, empresa estatal que libra una pelea legal con Odebrecht desde hace años por los trabajos pendientes en la ampliación del aeropuerto.
La constructora, confesa de pagar sobornos en Panamá y varios países de América Latina, ha sido representada en este caso por la firma Britton & Iglesias.
Como la resolución del TACP agotó la vía administrativa del proceso, Tocumen ha recurrido a la Corte, específicamente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.
Después de la firma de una octava adenda del contrato, que otorgaba a Odebrecht una extensión de tiempo adicional para finalizar las tareas restantes en la terminal 2 (T2) del aeropuerto, Tocumen tomó la decisión de rescindir el acuerdo en 2021, debido al incumplimiento de la empresa en la ejecución de dichas labores pendientes.
La demanda tiene como pretensión que se declare, entre otras cosas, que Tocumen tiene la potestad legal de resolver administrativamente el contrato con Odebrecht y, en consecuencia, que dicho acto administrativo emitido es válido, dada la negligencia de la contratista, según lo indica el demandante.
“Claramente, ha habido un incumplimiento por parte de la empresa en una obra que nos ha costado a todos los panameños casi $1,000 millones, una obra que no está entregada a satisfacción y tampoco culminada. Seguimos teniendo problemas con muchos defectos”, dijo el pasado 11 de enero Raffoul Arab, gerente de Aitsa.
Tocumen intenta probar la infracción de múltiples disposiciones legales y que la finalización completa de una obra a satisfacción del dueño se sustenta con un acta de aceptación final, situación que no ha ocurrido, precisamente por incumplimientos del contratista.
La administración del aeropuerto sostiene que ha cumplido con su responsabilidad de poner en operación una terminal que presentaba importantes retrasos en su entrega, a pesar de los incumplimientos persistentes por parte del contratista y los defectos de construcción.
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