El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, y su antecesor Ramón Martínez de la Guardia le solicitaron al procurador de la Administración, Rigoberto González, que mantuviera “en reserva” todas sus opiniones sobre la renegociación y aprobación del nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A.
De ese modo, Alfaro y Martínez silenciaron al procurador, después de que este les advirtiera, por escrito, cuáles fueron los errores cometidos con la concesión otorgada en Donoso, en 1997, y les previno de no incurrir en las mismas faltas en el nuevo contrato con la minera, como la falta de licitación pública.
El primero que lo hizo fue Martínez, ministro hasta mayo de 2022. El 29 de diciembre de 2021, Martínez le había consultado al procurador si el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) podía emitir una resolución para ordenar a Minera Panamá el cese de sus operaciones, después de que saliera promulgado en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2017, declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 de 1997, que autorizó la explotación minera en Donoso.
El procurador respondió la consulta el 10 de febrero de 2022, pero seis días antes (el 4 de ese mes), anticipando las implicaciones de esa opinión, el ministro Martínez le solicitó a González que, “considerando lo delicado del tema consultado”, mantuviera su respuesta en reserva, “mientras culmine el proceso de negociación y aprobación del nuevo contrato”.
“Para este ministerio es de vital importancia garantizar el debido proceso para acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por ello de manera precavida, estamos realizando otras consultas que coadyuven a tomar las mejores decisiones en interés del país”, escribió Martínez.
La respuesta de González que el MICI silenció con anticipación consistía en una explicación detallada del contenido y el alcance del fallo de inconstitucionalidad del Contrato Ley 9 de 1997 y su aclaración de sentencia. Advertía, además, que el nuevo contrato debía tomar en cuenta, de la forma más amplia posible, los derechos de las comunidades colindantes con el proyecto y los aspectos ambientales, así como el requerimiento de llamar a una licitación pública.
Martínez renunció en mayo de 2022, porque fue designado embajador de Panamá en Estados Unidos. Fue reemplazado por Federico Alfaro, que se encargó de mantener las notas de González en reserva.
En dos ocasiones, el procurador preguntó al MICI sobre la confidencialidad de sus notas. El 12 de enero y el 29 de junio de 2023, Alfaro le escribió para pedirle que no compartiera sus opiniones, puesto que las mismas seguían siendo material reservado.
Para entonces, el contrato con Minera Panamá se encontraba en una etapa muy avanzada. El 14 de junio de 2023, el Consejo de Gabinete autorizó la celebración del nuevo contrato y el mismo fue refrendado el 2 de agosto por el contralor Gerardo Solís. El 13 de agosto de 2023, Alfaro llevó el contrato ley a la Asamblea, el cual fue devuelto al Ejecutivo, para que hiciera algunas modificaciones. Eventualmente, ese proyecto de ley se convirtió en la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, la cual ha sido objeto de varias demandas de inconstitucionalidad ante la CSJ.
Al respecto, tanto González como el procurador de la Nación, Javier Caraballo, advirtieron a la CSJ que la Ley 406 es inconstitucional.
