A principios de marzo de 2021, las autoridades belgas y holandesas llevaron a cabo allanamientos y arrestos a presuntos miembros de peligrosas organizaciones criminales. Un día después –el 10 de marzo de 2021– se conoció que la Policía de ambos países habían estado coordinando con la Europol, la cual había conseguido descifrar el código de encriptación de una aplicación de mensajería instantánea que vendía la empresa Sky ECC. Esta operación sería el inicio de varias más en Europa, al principio, y luego de muchas más alrededor del mundo.
Una de estas operaciones policiales se vincula a la detención de un panameño en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Se trata de Anthony Alfredo Martínez Meza, quien, lejos de ser un presunto narcotraficante cualquiera, era considerado por los organismos de seguridad de Europa como uno de los suministradores de droga más importantes del mundo. Martínez Meza fue detenido en Dubái, en noviembre de 2022, junto con otros miembros de una organización narcotraficante, cuyo líder era un inglés llamado Ryan James Hale, y quien aparentemente también estaba en Dubái.
¿Cómo dieron las autoridades con Martínez Meza y los demás integrantes del cártel? Pues, para ello hay que ir un poco más atrás, poco menos de dos años antes. Para ser más precisos, a las 9:25 de la noche del 21 de marzo de 2020. Ese día y a esa hora, la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Valencia –en España– hizo una inspección rutinaria del contenedor TCKU1117158, procedente de Panamá.
‘Ripoff’
Según el expediente, las autoridades españolas suelen hacer inspecciones a las mercancías de importación procedentes de Sudámerica y el Caribe, “en prevención a posibles entradas de sustancias estupefacientes en territorio nacional”.
En este caso, el contenedor TCKU1117158 fue cargado con café en el buque Margarete Schulte, en el puerto de Corinto (Nicaragua) el 24 de febrero de 2020. La carga llegó tres días después al puerto de Balboa, y trasladada el 2 de marzo de 2020 al puerto de Manzanillo –en las aguas caribeñas de Colón– donde, dos días después, el 4 de marzo de 2020, fue reembarcada en el buque mercante Cap. Jackson. El contenedor arribó al puerto de Valencia el 21 de marzo de ese año, aunque su destino final era Barcelona, distante a unos 350 kilómetros.
Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera en Valencia abrieron el contenedor. Antes, corroboraron que el precinto de seguridad No. H5748456 que portaba el contenedor coincidía con el que figuraba en el conocimiento de embarque. El precinto es un dispositivo que se instala en los contendores a fin de salvaguardar la seguridad del lugar donde va la mercancía. Su objetivo es evidenciar si alguien, sin autorización, intenta manipular o romper el dispositivo donde está la carga. Este detalle es importante, como se observará más adelante.
El expediente del caso narra que “una vez abierto el contenedor, se observa en la parte superior de la carga un total de veinte (20) bolsas de deporte, recubiertas de plástico de color negro, los cuales contenían en su interior pastillas rectangulares envueltas en cintas plásticas y recubiertas con distintos envoltorios, resultando la suma total de 698 pastillas. Una vez examinadas las referidas pastillas, tras los envoltorios contienen una sustancia en polvo color blanco que, al aplicarle el reactivo narcotrest, dio positivo al reactivo de cocaína”.
La droga –cuyo valor se calculó entonces en 24 millones de euros, unos 25.6 millones de dólares de hoy– fue decomisada, y el contenedor fue sellado con un nuevo precinto de seguridad, ya que el original fue descartado luego de que las autoridades lo abrieran. Ahora, el contenedor portaba el precinto No. EU6832601.
El método de transporte utilizado por los narcotraficantes en este caso es conocido como “gancho perdido” o “ripoff”. Sin embargo, todo el proceso de embarque y seguimiento, lejos de dejarse al azar, había sido minuciosamente monitoreado por Martínez Meza y otros miembros de la organización criminal, tal como quedó grabado en los chats almacenados en los servidores de la plataforma de encriptación de Sky ECC, usada por los miembros del cártel, incluido el panameño.
¿A prueba de policías?
La vigilancia de esta plataforma de mensajes encriptados empezó en 2018. La Policía Judicial Federal de Amberes (Bélgica), en un caso iniciado por la Fiscalía Federal y dirigido por un juzgado de instrucción, comenzó a investigar la compañía de telefonía encriptada Sky ECC, sospechosa de suministrar a diferentes organizaciones criminales teléfonos encriptados, “utilizados principalmente para llevar a cabo actividades ilícitas (tráfico de drogas, blanqueo de capitales, homicidios, extorsión, etc.)…”.
El cifrado de Sky ECC lo diseñó una empresa con operaciones en Canadá y Estados Unidos, y que permitía recibir mensajes de texto y voz e imágenes únicamente a los usuarios del servicio, que debían pagar hasta miles de euros al año por su uso.
Para el momento de la aprehensión, había unos 170 mil teléfonos Sky ECC en circulación en todo el mundo, utilizados casi de forma exclusiva por “individuos vinculados a organizaciones criminales”, indica el expediente.
Tres años después –a mediados de febrero de 2021– la investigación dio sus primeros resultados. Para entonces, la plataforma había sido interceptada, bloqueada y el código de encriptación, descifrado. Las autoridades lograron obtener más de mil millones de mensajes intercambiados entre unos 70 mil usuarios de Sky ECC, entre las cuales estaban las comunicaciones de los primeros arrestados en Bélgica y Holanda y, posteriormente, las de numerosas organizaciones criminales.
La encriptación de los mensajes comenzaba cuando a un cliente el sistema le asignaba un código alfanumérico de 6 dígitos (pin), que lo identifica. El usuario podía elegir un seudónimo que quedaba vinculado a él. La Europol, desde entonces, lleva a cabo esfuerzos para identificar a esos usuarios y, a medida que lo logra, coordina pesquisas en varios países a fin de que sus cuerpos policiales afronten investigaciones supranacionales.
Tan exitosa fue la interceptación de los mensajes que en solo año y medio, más de mil 200 personas fueron arrestadas en Bélgica y 510 investigaciones judiciales fueron abiertas o enriquecidas con la información obtenida de Sky ECC. Y, entre el 20 de febrero y el 5 de abril de 2021, se decomisó una cifra récord de cocaína: 28 toneladas, con un valor en las calles cercano a los 1,500 millones de dólares. En esos operativos intervinieron la policía de Bélgica, Francia, Países Bajos, y también el FBI.
El turno de España
La Europol tenía buenas noticias para el Grupo Central Antidrogas de la Guardia Civil de España. El 6 de septiembre de 2021 –18 meses después del arribo a Valencia del contenedor preñado con drogas en Panamá– la Europol le reveló detalles de una organización criminal, liderada por un individuo que utilizaba el apodo de “Robo” en la plataforma de Sky ECC. “Robo” estaba implicado en el envío de 698 kilos de cocaína a Valencia, España, aprehendida en el contenedor TCKU1117158, el 21 de marzo de 2020, sin que los narcotraficantes tuvieran conocimiento de ello.
“Robo” llamó la atención de la Europol porque resultó ser un objetivo de alto valor (“High Value Target”), especialmente por “el número de envíos de droga que estaba gestionando en esos momentos”, así como por “las importantes vinculaciones con otros narcotraficantes que operan en Europa y las cantidades ingentes de cocaína que estaba introduciendo en el continente europeo”. “Robo” resultó ser Ryan James Hale, jefe del cártel al que pertenecía Martínez Meza.
En sus investigaciones de los mensajes encriptados, la Europol había dado “con un chat de grupo Sky ECC, en el que estos narcotraficantes, y en la más estricta confianza, iban a coordinar la logística necesaria para extraer la droga del contenedor TCKU1117158 en el puerto de Barcelona, lugar donde [originalmente se] tenía prevista la llegada [del buque Cap. Jackson] el día 1 de abril de 2020″. El grupo de chat lo conformaban seis individuos, incluido Hale, y otros cinco integrantes de la organización, plenamente identificados, salvo uno. Pero en este grupo no aparecía Martínez Meza.
Suministrada la información por la Europol, las autoridades de España comenzaron una investigación secreta sobre empresas, residencias, inversiones, declaraciones fiscales, cuentas bancarias, cajas de seguridad, y seguimiento, a fin de completar el perfil de cada uno de ellos, su rol y su actividad en el país, ya que varios tenían residencia en España, siendo su principal actividad –en apariencia– la logística y la inversiones en bienes raíces.
También fueron identificados otros miembros que operaban fuera de la organización criminal, cuyo rol estaba perfectamente definido en función de sus empleos formales en el Estado español. Además, la información proporcionó detalles de otros socios de la empresa narcotraficante, entre los cuales figuraba el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, detenido en Dubái.
CAE OTRO PANAMEÑO EN ESPAÑA
Jaime Powell Rodríguez –alias Yunya– integrante de alta jerarquía de la desmantelada banda criminal Bagdad, fue detenido en febrero pasado, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en España, donde residía.
Yunya se fugó de Panamá en 2019, cuando iba a ser procesado por el supuesto envió de drogas a España desde puertos de Colón, tal como lo hacía Anthony Alfredo Martínez Meza desde los puertos de Manzanillo y Balboa, en el Atlántico y el Pcífico, respectivamente.
La banda criminal a la que pertenecía Yunya era considerada responsable de la distribución de un tercio de la cocaína que entraba a Europa y cuyos beneficios eran blanqueados a través del contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá, que luego eran fundidos en España, informó el diario El País de España. También lavaban sus ganancias con criptomonedas e inversiones en inmuebles, valorados en millones de dólares.
La publicación añade que Yunya estaba en contacto con miembros de la organización narcotraficante a la que pertenecía Martínez Meza, asentada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), y donde Yunya solía ir de vacaciones. El País indicó que el Departamento del Tesoro de EU había informado que el panameño se había radicado en España. Las autoridades creen que Powell Rodríguez y Martínez Meza pudieron haber introducido a España, en los dos últimos años, unas diez toneladas de cocaína.
