Unas ochocientas demandas por daños y perjuicios contra la Caja de Seguro Social (CSS), por las afectaciones causadas por el envenenamiento masivo con el dietilenglicol, fueron el fundamento de la solicitud del traslado de partida solicitado para el pago parcial de los peritajes en favor de la CSS en estos casos.
En abril y mayo de este año, la Procuraduría de la Administración, que lleva la defensa de la CSS en centenares de demandas por daños y perjuicios contra la institución, le solicitó a la CSS que contratara los servicios de peritos en contabilidad, psicología y psiquiatría para que prepararan los correspondientes informes técnicos y evaluaciones para la defensa de la institución.
Según una fuente de la CSS, el pago de los 603 mil dólares en honorarios profesionales por los peritajes, corresponden a 85 demandas contra la institución por un monto de 510 millones de dólares.
Un asunto de Estado
La entonces dirección de la CSS, a cargo de Enrique Lau Cortés, le explicó a la Procuraduría de la Administración que la institución no tenía fondos para pagar el costo de estos peritajes. A esto la Procuraduría le replicó que “era un asunto de Estado”, ya que las demandas superaban los 3 mil millones de dólares en reclamos contra la principal institución de seguridad social del país.
El 10 de septiembre pasado, la junta directiva de la CSS aprobó el pago parcial de los peritos José Alexis Cifuentes, psiquiatra; Zoila Glen Araya, psicóloga; y Alejandro Cuadra, contador público autorizado, por un monto de 603 mil dólares. De acuerdo con el procurador de la Administración, Rigoberto González, “los tres peritos siguen trabajando”.
El funcionario acotó que “la prueba pericial es esencial en estos casos”. Explicó que en un caso similar se demandó a la CSS por 2.1 millones de dólares y, gracias a los peritajes, por 10 mil dólares de un contador y 7 mil dólares de un psiquiatra, el monto a pagar por la CSS fue de solo 188 mil dólares.
La selección de peritos
El Procurador González explicó que su institución no escogió a los peritos si no que le solicitó a la CSS contratar peritos con un perfil específico para contrarrestar lo que argumentan las demandas por daños y perjuicios.
La Constitución Política de la República de Panamá establece en el numeral 1 del artículo 220 sobre las funciones del Ministerio Público lo siguiente: “Defender los intereses del Estado o del Municipio”. Por esta razón es que la Procuraduría de la Administración lleva adelante la defensa de la CSS.
De tratarse de un proceso civil común y corriente, le correspondería al juez de la causa establecer el monto de los honorarios de los peritos. Dado que este es un proceso ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, son las partes las que negocian directamente el monto de sus honorarios.
La CSS debe pagar
La semana pasada el diputado por la libre postulación Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, cuestionó como un “camarón” el traslado de partida solicitado por la CSS.
El llamado de atención por parte del diputado Richards generó una reacción desfavorable en la opinión pública que llevó a que el pasado 12 de noviembre el actual director general de la CSS, Dino Mon, solicitara el retiro del traslado de partida.
El funcionario señaló que la CSS no pagará de más por ninguna contratación.
Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados Maritza Cedeño Vásquez declaró a La Prensa que: “Los peritos debe pagarlos la institución que los contrata más aún si han hecho el trabajo. Lo cierto es que los honorarios deben acordarse con antelación.”.
En el año 2006, se detectaron en los hospitales del país un conjunto de síntomas que fueron denominados como un “síndrome de insuficiencia renal aguda” causada por la intoxicación de un jarabe sin azúcar y una loción de calamina que eran fabricados por la CSS y se habían contaminados con dietilenglicol.
El envenenamiento resultante causó unas 800 muertes reconocidas por las autoridades y afectó al menos a otras mil 300 personas certificadas oficialmente. Este es el caso más grande de intoxicación con dietilenglicol conocido hasta la fecha en el mundo.
