El perito Eliseo Ábrego indica que en Blue Apple se movieron $80 millones

El perito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Eliseo Ábrego, fue el único testigo en comparecer durante el cuarto día de juicio a 18 personas por presunta corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, a través de la captación de fondos en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad Blue Apple Services.

Ábrego ha adquirido bastante notoriedad desde que testificó en otro caso por blanqueo de capitales, el denominado New Business, en mayo pasado, por el que ya fue condenado en primera instancia el expresidente Ricardo Martinelli a 128 meses de prisión y el pago de una multa de $19.2 millones.

El perito elaboró un informe de análisis financiero de los movimientos y transacciones bancarias a través de la cuenta canasta de Blue Apple, documento que es utilizado por la fiscalía para sustentar su teoría del caso. Por esa razón, fue citado como testigo.

En total, según el informe de análisis financiero, se pudo establecer que, utilizando este entramado, se movieron cerca de $80 millones, entre los años 2011-2014.

Como ya ocurrió en el caso New Business, el informe de Ábrego fue sometido a un intenso bombardeo por parte de los abogados de los imputados. El primero que lo interrogó fue Arturo González Baso, defensor de Melina Cano Achurra. Esta señora fue asistente de Federico José Pepe Suárez, cuando ejerció como ministro de Obras Públicas (MOP) entre 2009 y 2012. Suárez también está imputado en esta causa. Según la fiscalía, Cano fue intermediaria en la compra de unas turbinas para la hidroeléctrica El Síndigo, un proyecto en Chiriquí impulsado por la sociedad Los Naranjos Overseas, S.A., presuntamente con fondos de Blue Apple.

En el estrado, bajo juramento, Ábrego confirmó lo que ya decía su informe y que es parte del expediente: que Cano gestionó los trámites administrativos para la compra de equipos del El Síndigo, proyecto en el que -según la investigación- Suárez tenía participación. La cara visible de El Síndigo era Teófilo Garrido (q.e.p.d.), quien también fue llamado a juicio, pero falleció antes de la celebración del mismo.

Recalcó que, específicamente, Cano tramitó documentos ante las navieras y empresas para la introducción de los equipos para la hidroeléctrica y que otro de los imputados, el abogado Federico Barrios Alain (quien tenía el control de la cuenta de Blue Apple), hizo las gestiones bancarias para la compra de los equipos.

Confirmó que en el expediente existen correos electrónicos sobre el trámite bancario realizado para la adquisición de los equipos. Uno de esos correos es mecano@cableonda.net.

Ábrego explicó que Cano no recibió de manera directa pagos procedentes de Blue Apple, pero sí de algunas sociedades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico.

Dijo que en su informe de análisis financiero quedó acreditado que, una vez confeccionado el entramado de sociedades utilizado para captar y mover fondos de contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), de la cuenta de Blue Apple se transfirieron fondos a Suiza. Específicamente, mencionó una transferencia por un monto de $7 millones, que se fraccionó en varios depósitos a favor de sociedades presuntamente controladas por Jorge Churro Ruiz Sánchez, quien era el destinatario final. Churro Ruiz fungió como director de administración de contratos en el MOP, cuando la cartera era dirigida por Suárez.

Ábrego explicó que esos dineros retornaron de Suiza y se depositaron en bancos locales. Una parte se utilizó para concretar la hidroeléctrica El Síndigo, para el proyecto hidroeléctrico. Otro monto fue destinado a una cuenta de Barrios, quien utilizó el dinero para comprarse un inmueble.

Cuando terminó González Baso, fue el turno de Rosendo Miranda, abogado del exministro Suárez, quien preguntó Ábrego si tenía constancia que su cliente fuera parte del esquema de blanqueo de capitales.

El perito respondió que, debido al cargo que ostentaba en aquella época, Suárez debían estar al tanto de lo que ocurría con los contratos asignados por el MOP. De hecho, agregó que el esquema utilizado por Barrios era exclusivamente para recibir y mover fondos de contratistas del MOP y todo ocurrió cuando Suárez era ministro.

Barrios -siempre según el testimonio de Ábrego- trabajaba la recepción y manejo de fondos con Churro Ruiz y Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de Factor Global. El grupo, indicó Ábrego, creó un “escudo fiscal” para alterar las declaraciones de renta de la empresas que se adjudicaron proyectos del MOP y así crear costos adicionales en los contratos. De ese modo, se justificaba la entrega de dinero a través de cheques y facturas que generaban los supuestos pagos por venta de materiales y alquiler de equipos. Algunos de esos proveedores ni siquiera tenían oficinas o personal y solo existían en papel; eran empresas fantasmas.

Ábrego insistió que en la oficina de Churro Ruiz, en el MOP, se planificó el esquema de sociedades que participaron activamente en los presuntos ilícitos investigados.

En el expediente consta que los contratistas que participaron en este entramado son las constructoras Meco, Conalvias, Bagatrac, Rodsa, Nighmare Overseas y Concepto y Espacios, entre otras. Los representantes de la mayoría ya confesó los hechos y tiene acuerdos con la fiscalía.

Barrios, Rodríguez y Ruiz tienen acuerdo de pena, ya validado por la juez Baloisa Marquínez.

Suárez también propuso un acuerdo “de colaboración” el pasado 22 de agosto (es decir, en el primer día de juicio), el cual fue rechazado por la fiscalía.

Ábrego continuará testificando el próximo lunes 28 de agosto, cuando el juicio se reanude a las 9:00 a.m.

Juan Manuel Díaz

Reportero de Judiciales