El procurador de la Administración, Rigoberto González, calificó de reprochable los mutuos acuerdos a favor de gerentes y funcionarios de confianza de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). Al menos seis funcionarios de altos puestos acordaron liquidaciones que suman cerca de $1 millón.
González enfatizó que, aunque la ley permite ciertos acuerdos, “no todo lo legal es éticamente correcto. La ley es para cumplir, no para darle la vuelta y beneficiarse de ello”, afirmó. Y agregó que considera que esos acuerdos son “reprochables”.
No obstante, no quiso profundizar en el tema, ya que actualmente prepara una opinión que será enviada en horas de la tarde de este miércoles al ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, quien preside la junta directiva de Etesa.
En cuanto a si el contralor Gerardo Solís debe refrendar o no estas indemnizaciones, González consideró que en los cargos públicos de fiscalización hay que ser “extremadamente cuidadoso” y subrayó la importancia de la ética en el manejo de fondos públicos, debido a que algunas ayudas económicas han sido “desviadas” de su propósito original.
“Yo no puedo reclamar derechos que alguien no merece”, afirmó.
A través de un comunicado, Etesa justificó y defendió estas indemnizaciones alegando que fueron aprobadas por su junta directiva.
Los beneficiados, según dicho comunicado, “tienen el derecho de suscribir mutuos acuerdos como se ha hecho en las anteriores administraciones y, de igual forma, recibir las prestaciones laborales que por ley les correspondan, como son vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y la respectiva indemnización, previo refrendo de la Contraloría General de la República”.
El pasado viernes, La Prensa informó que el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195.96. Mosquera devenga un salario de $14,315.22 al mes, más del doble de lo que recibe el presidente de la República.
Otros funcionarios, como Óscar Rendoll, subgerente general de Etesa, reclama $306,615, y Daniel Castilla, gerente de Compras, $77,095.
En tanto, los directores Ramón Palacios (Asesoría Legal), Pablo Castrejón (Finanzas) y Zorina Carles (Servicios Corporativos), recibirían $119,366.94, $116,577.53 y $91,068.11, respectivamente.
El presidente electo José Raúl Mulino ha pedido públicamente, en dos ocasiones, que estos desembolsos no sean refrendados, por considerarlo un “abuso”.
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