Al creciente coro de voces que se ha alzado para pedir justicia para la estudiante que fue presuntamente abusada cuando participó de la XII Asamblea Juvenil, se han sumado finalmente varias entidades públicas como la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez, Adolescencia en Panamá (Rednaniap) y hasta el Ministerio de Educación (Meduca) y una “comisión especial” de diputadas de la Asamblea Nacional (AN).
Todos quieren una rápida respuesta de las autoridades que investigan qué pasó con la diputada juvenil que fue hospitalizada después de participar en el evento, que se celebró en la AN, del 11 al 16 de septiembre, con otros 141 estudiantes de todo el país.
El hecho fue denunciado por la madre de la joven hospitalizada el 19 de septiembre pasado. Inicialmente, hubo silencio en torno a este tema. Eso ha cambiado; ahora todas las autoridades quieren opinar y que se les escuche decir algo.
La directora del Senniaf, Graciela Mauad, instó al Ministerio Público (MP) a imprimir la celeridad necesaria para el esclarecimiento de estos y otros hechos en los que se vean involucrados niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Mauad también llamó la atención a que en las redes sociales se ha divulgado el nombres y varias imágenes en las que aparece la diputada juvenil. Incluso se ha viralizado un hashtag con su nombre de pila.
Alertó que la divulgación de estos datos a través de la redes sociales es violatorio del artículo 25 de la Ley 15 de 2022, sobre el derecho a la intimidad e integridad personal, y del artículo 62 de la Ley 285 de 2022, sobre la protección de niños y niñas. Los que infrinjan estas normas se exponen a multas de $1,000 a $4,000, dependiendo de la gravedad de la falta, advirtió Mauad.
En la Asamblea Nacional, se formó una comisión especial, integrada por la segunda vicepresidenta Kayra Harding y otras diputadas, que ayer atendió a una delegación que representa a la treintena de organizaciones civiles que está apoyando a la familia de la víctima. El día antes, las organizaciones hicieron una vigilia frente a la Asamblea y esa vez abuchearon a las diputadas que se acercaron a dialogar con ellos.
Harding dice que ahora intenta contactar a la madre de la joven. Recordó que la junta directiva de la Asamblea Nacional ya pidió celeridad en este caso y remarcó que “nadie está por encima de la ley”. Según Harding, la Asamblea pretende asumir un rol de “fiscalización”, para que se haga justicia a la joven.
También el Meduca, que formó parte de la convocatoria de la XII Asamblea Juvenil, aseguró a través de un comunicado que espera que la investigación del Ministerio Público tenga un pronto desenlace y que se castigue a los responsables.
En tanto, tanto la Asociación Panameña para el Planeamiento Familiar (Aplafa), como presidenta de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá (Rednaniap), exigió a las autoridades una exhaustiva investigación de los hechos y solicitaron la protección de la menor de edad, a fin de evitar su revictimización.
APLAFA como presidenta de la REDNANIAP, exige investigación exhaustiva sobre caso de violencia sexual a adolescente. Pedimos protección y evitar revictimización y que se sancionen a las personas y de ser el caso autoridades responsables. pic.twitter.com/k0NfPjCRqV
— APLAFA (@APLAFA) September 26, 2023
El Meduca contó que en la Asamblea Juvenil, participaron 27 docentes como tutores (uno por cada circuito electoral) y cerca de 40 agentes de seguridad y personal “de coordinación de la Asamblea de Participación Ciudadana”. Se supone que todos ya han sido entrevistados por el MP, lo mismo que algunos diputados juveniles participantes.
Ayer, Gladys, la madre de la joven, explicó que la condición de su hija es delicada y exige a las autoridades que le expliquen qué fue lo que pasó.
Dijo que el comité organizador de la Asamblea Juvenil no quiere asumir la “responsabilidad de lo sucedido” a su hija y que se está intentando silenciar las voces que denunciaron los hechos. Recalcó que cuando su hija regresó a casa, presentaba un cuadro psicótico y una crisis, razón por la que está hospitalizada.
Agregó que ahora se ha involucrado la Senniaf con la intención de silenciar a los medios para que no brinden información de los hechos. Lo que quieren es “apagar nuestra voz”, advirtió la madre.
Dijo que el mismo 16 de septiembre informó a los funcionarios del Tribunal Electoral de lo ocurrido, pero que la ignoraron. Como nadie le hacía caso, puso la denuncia tres días después.
En tanto, el MP practicó una serie de diligencias, que incluyeron entrevistas al personal de seguridad de la Asamblea Nacional y el Meduca que participó del evento.
Un comunicado del MP precisa que un equipo interdisciplinario le realizó evaluaciones sicológicas y médico forense a la chica por parte de la Unidad Especial de Protección a las Víctimas y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
También se entrevistó al personal médico auxiliar que estuvo presente en las actividades realizadas los días del evento.
Qué se sepa, hasta ahora no hay sospechosos y mucho menos detenciones.
Así mismo el MP detalla que se recolectó evidencia digital y se realizaron inspecciones oculares encaminadas a preservar la evidencias y los datos jurídicamente relevantes. Todo esto con el ánimo de precisar las causas que llevaron al “colapso” de la diputada juvenil.
