Una carga de 698 kilos de cocaína, que debía arribar al puerto de Barcelona el 1 de abril de 2020, embarcada subrepticiamente en el puerto de Manzanillo (Colón) en un contenedor de café procedente de Nicaragua, no llegó a su destino.
El contenedor, apenas llegó a tierras españolas –en el puerto de Valencia, España– fue bajado del buque Cap. Jackson, revisado por la Guardia Civil y su ilegal carga fue aprehendida y poco después destruida por las autoridades, sin que los dueños de la droga lo supieran.
El estupefaciente pertenecía a miembros de una organización criminal dirigida por un británico, llamado Ryan James Hale, cuyos cómplices tenían residencia en España, al menos la mayoría. Uno de los que había invertido en la droga era el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, de cuya carga le tocarían 130 kilos. Martínez Meza era el proveedor de droga del grupo y todo indica que personalmente se había ocupado de que su gente en Colón plantara la cocaína en el contenedor identificado como el TCKU1117158.
El panameño vigiló de cerca la carga y fue el primero en alertar al jefe de la organización criminal, apodado Robo (Ryan James Hale) de que era probable que la carga estuviera comprometida, pues, de acuerdo con el expediente español del caso, Martínez Meza se comunicó con él el 30 de marzo de 2020, indicándole vía chat que “la Policía le había informado de una alerta emitida desde Panamá sobre el contenedor de Barcelona”.
Además, Martínez Meza investigó. Descubrió, a través de notas de prensa obtenidas en internet, que en el puerto de Valencia la Guardia Civil había capturado 700 kilos de cocaína que, aunque eran 2 kilos más que su carga, tenía toda la pinta de ser la droga que su gente subió al contenedor en Colón.
Con todo, los planes para extraer la droga del puerto, ocultarla hasta poder distribuirla, continuaron.
Incertidumbre
El buque que había transportado la carga llegó al puerto de Barcelona tres días después de lo previsto, el 4 de abril de 2020. Los narcotraficantes planearon sacar la droga del puerto el día 6 de abril, pero un día antes, Martínez Meza le pidó a Hale que mirara la ruta del contenedor a Barcelona.
La razón era que, tras hacer una consulta en la página web de la naviera, se había marcado “un movimiento del contenedor objeto de consulta”. Es decir, el contenedor TCKU1117158 fue descargado del buque Cap. Jackson el 21 de marzo en el Puerto de Valencia, pero lo que le parecía extraño a Martínez Meza –identificado en el chat encriptado como Hassan– es que el contenedor había vuelto a subir al barco.
El panameño preguntó si habían controlado el número del precinto, es decir, el sello que se había colocado en Panamá al cerrar las puertas del contenedor después de infectarlo con la droga.
Y Hassan fue insistente en este punto, pues ese detalle haría toda la diferencia, ya que si el contenedor tenía otro precinto –como en efecto lo tenía– significaba que la droga había sido hallada por la Policía en Valencia.
Pero además, Hassan había investigado y enviado a Hale las notas de prensa con la aprehensión de la droga en Valencia. De ahí que Martínez Meza insistiera en comprobar si el precinto era el mismo que el de Panamá.
Hale tardó un minuto en comunicarse con su mano derecha, Daniel Wayne Furey, encargado también de recaudar el dinero obtenido de la distribución de la droga y realizar inversiones económicas para la organización criminal.
Problemas
“Me cago en mi puta vida”. Así mostró su furia Hale a Furey, cuando le reenvió la foto de la nota de prensa en la que se informaba de la incautación en Valencia. Hale no paraba de recriminar: que no le habían enviado la información correcta; que por su error “ahora me veo como un idiota y necesito una respuesta”.
En efecto, la información de la incautación de la droga en Valencia fue confirmada también por Furey, lo que originó una nueva reprimenda de Hale, que le reprochaba que no se había ocupado personalmente del seguimiento de la carga; que no debió confiar esa labor en otros.
Furey se defendió tímidamente: aunque él hubiese hecho el seguimiento del contenedor, nada de eso iba a cambiar el hecho de que el contenedor hubiese sido descargado y puesto otra vez en el barco.
Hale le ripostó lo contrario: “Sí cambiaría la situación, porque parece que no sé lo que está pasando. El otro día mandé al grupo de Barcelona el contenedor y tú no me dijiste que se había descargado en Valencia”.
Las recriminaciones de Hale parecían dirigidas, según lo investigadores españoles, a cuestionar la eficiencia de Furey para llevar a cabo futuras operaciones como estas.
No obstante, Hale tenía otra teoría para los inversores, con quienes simultáneamente sostenía otra conversación por chat. Al tiempo que les envió una imagen que indicaba que el contenedor se había descargado en Valencia, el cabecilla del grupo les dijo que él “pensaba que podía deberse a un trasbordo para llevarlo a Barcelona”.
Horas más tarde, Furley recibió una nueva reprimenda de Hale por su descuido en el seguimiento del barco en Valencia. Y una vez más, Hale insistió ante los otros “inversores” en desplegar el plan de extracción de la droga del puerto y hasta le preguntó al encargado de esta operación qué pensaba él sobre “el tránsito que había hecho el contenedor en Valencia y este le dijo textualmente ‘mañana lo vemos, máxima seriedad, tranquilo”.
Confirmación
Pero en horas de la madrugada del día 6 de abril llegó lo que parecía una confirmación de la mala noticia. El encargado de sacar la droga del puerto informó que el contenedor estaba retenido por la UAR (Unidad de Análisis de Riesgo de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera), nada menos que enfrente de la oficina de Aduanas.
Además –y lo más importante– era que en el sistema “la lata” (el contenedor) aparecía bloqueado. Indicó que más tarde enviaría una fotografía de la pantalla del sistema en la que aparecía ese peor escenario que Hale se negaba a aceptar: el precinto del contenedor no era el mismo que el de Panamá.
El personal del puerto reclutado por la organización también confirmó que “la lata” estaba bajo vigilancia por fuerzas y cuerpos de seguridad, y que por nada del mundo se arriesgarían bajo esas circunstancias.
A media mañana de ese día ya no había dudas: la droga se había perdido. Así que los inversores empezaron a preguntarse si aquello había sido un “chivatazo” o, como se dice en Panamá, un soplo.
Ni modo. Los “inversores” pidieron entonces más explicaciones y detalles de la incautación de la droga, ya que había que decirle a la gente “del otro lado”, es decir, a los que proporcionaron la droga, todo lo que había pasado, “para, de esa manera, minimizar o compartir los gastos que conlleva la organización de este operativo y como prueba de que no les han robado la mercancía”, conjeturaron los investigadores españoles.
Gajes del oficio de narcotraficante. Los involucrados en la importación de aquella mercancía pensaron que allí quedó todo, sin sospechar que, gracias a sus propias conversaciones, la organización completa sería objeto de vigilancia y seguimiento hasta que pocos meses después de recibir la información de sus chats, el grupo terminaría desarticulado y sus miembros, detenidos; sus bienes, carros, negocios, casas, inversiones, cuentas bancarias, etc., incautados, y con un futuro casi seguro en la cárcel.
Y como muchas otras investigaciones, esta no parece haberse cerrado del todo. Capturados los miembros de esta organización, es posible que los involucrados estén dispuestos a cooperar a cambio de indulgencia.
Ello incluye al que suministraba la droga: el panameño Anthony Martínez Meza, quien parece estar muy bien conectado con gente vinculada al Gobierno.
¿Hasta dónde llega la influencia de Anthony Martínez Meza en el Gobierno?
Anthony Martínez Meza fue capturado en noviembre pasado en Dubái, junto con otros cinco miembros de su organización criminal. Gozaban de una vida llena de extravagantes lujos en un lugar que, según la DEA, es un paraíso para delincuentes.
El presunto capo local comandaba operaciones de forma local y a distancia, apoyado por una red con entrada a puertos en las costas caribeñas y del Pacífico. Martínez Meza tenía sociedades en Panamá y contacto con personas que estarían ligadas al Gobierno y a su partido, el PRD.
En la Fiscalía de Drogas de Panamá había indicios, pero no había investigaciones en curso que lo involucraran en delitos de este u otro tipo. Y aunque el Ministerio Público dice haber cooperado en la operación que dio con su captura, la información que existe sobre Martínez Meza está sellada en el Consejo de Seguridad Nacional, según una fuente judicial.
El panameño mantendría algún contacto con el partido de gobierno y negocios a través de, al menos, tres sociedades, en las que figura como directivo, todas domiciliadas en Cristóbal, Colón: Machina Supply International Inc., Francisco Martínez, S.A. y JPM Int., S.A.
En JPM Int., S.A., vigente desde junio de 2014, Martínez Meza figura como director, presidente y secretario. La sociedad tenía como agente residente a Michael Soto Movilla, quien fue delegado del PRD en Cristóbal, y su nombre aparece en la planilla del Servicio Nacional de Migración y en otras sociedades vinculadas a negocios en la ciudad atlántica.
Soto Movilla es un viejo conocido del gabinete del presidente Laurentino Cortizo: el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, lo etiquetó en un comentario en Facebook en marzo de 2017.
