Denise Vega de Murzi, a quien el Ministerio Público investiga por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública por organizar una jornada de vacunación clandestina en junio de 2021, logró un acuerdo de pena: 48 meses de prisión.
Ayer martes 30 de agosto, el juez de garantías Erick González homologó el acuerdo, en una audiencia en la que la fiscal anticorrupción, Marina García, informó que el arreglo se pactó el pasado 1 de agosto. En la audiencia se reveló que Vega de Murzi entabló comunicación vía chat con Celine Gazal de Esses, otra de las procesadas, para ponerse de acuerdo sobre los detalles de dos jornadas de vacunación supuestamente contra la covid-19.
Una se realizó en Coco del Mar (el 7 junio de 2021), en un local comercial de Vega de Murzi, y la otra se desarrolló en Punta Pacífica, en la residencia de Gazal de Esses (el 1 de junio de 2021). De acuerdo con la fiscalía, los datos aportados por Vega permitieron realizar allanamientos y obtener la lista de las personas que fueron vacunadas, tanto en la primera jornada como en la segunda.
También facilitó las tarjetas de vacunación que le fueron entregadas a las 11 personas vacunadas en Coco del Mar e inclusive identificó a una de las personas que fueron inoculadas.
No obstante, la fiscal García detalló que el acuerdo se mantendrá en suspenso hasta que Vega declare en el juicio que se realizará a Gazal de Esses y Matías Pérez Escudero, este último señalado como la persona que simuló ser médico y aplicó las vacunas.
A Pérez Escudero, el único que está detenido preventivamente, la fiscalía le imputó cargos por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, por lo que podría enfrentar una pena de 96 meses de prisión; por el ejercicio ilegal de profesión, por el que podría recibir una sanción de 60 meses de cárcel, y delitos contra la salud pública, que le podría significar una pena de 180 meses de cárcel. Este último delito es el mismo por el cual se está llamando a responder penalmente a Gazal de Esses.
El engaño
La fiscal Itzel Koo, que también participó de la audiencia, confirmó que en las jornadas de vacunación de Coco del Mar y Punta Pacífica las personas inoculadas “fueron engañadas”, pues nunca recibieron vacunas de la farmacéutica Pfizer contra la covid-19, como se les aseguró.
Koo detalló que, en este caso, permanece prófuga una persona que participó en las jornadas de vacunación y que, a pesar de varias diligencias de allanamiento, no ha podido ser ubicada.
Jerónimo Mejía, abogado de Vega, aseguró que su clienta realizó la jornada de vacunación en su local de Coco de Mar, preocupada por la salud de personas de su empresa. Añadió que su clienta fue víctima de un engaño, ya que se le contactó ofreciéndole la vacuna contra la covid-19, pero eso nunca fue cierto. Mejía alegó que tras percatarse del error cometido, su defendida colaboró con las investigaciones e incluso facilitó al Ministerio Público su teléfono celular.
Este caso se dio a conocer por una investigación periodística de este medio.
Presentarán acusación
Mañana jueves 1 de septiembre se realizará la fase intermedia del proceso, en el que la fiscalía presentará la acusación contra los imputados y revelará las pruebas que expondrá en el juicio.
Entre esas pruebas se encuentran los testimonios de varias de las personas que fueron vacunadas y declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, en las que se precisa que esas vacunaciones se realizaron al margen de las directrices de salud y violando los protocolos sanitarios vigentes en aquella época. Asimismo, informes del Instituto Conmemorativo Gorgas sobre la calidad de las vacunas.
Por su parte, la defensa presentará sus pruebas y podrá objetar algunas evidencias del Ministerio Público.
