La jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales (adjunta), Clelia De La Rosa, consideró que las evidencias contenidas en la Auditoría No. 04-2016 de la Contraloría General de la República, acreditan la existencia de un presunto enriquecimiento injustificado y de allí se derivaron actividades de blanqueo de capitales por parte del Adolfo Chichi De Obarrio, quien fungió como secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
En el Auto No 14 del pasado lunes 14 de noviembre, la jueza De La Rosa también llamó a juicio a Ivette Barsallo y Silvana de Mancini, exesposa y madre de De Obarrio, respectivamente. También incluyó en esa lista a María Alejandra Salerno Gómez, a quien ligó a la causa por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
En el informe de auditoría, la jueza precisó que De Obarrio obtuvo ingresos superiores a $3.7 millones mientras ejerció como funcionario, pero no pudo justificar la procedencia de estos fondos.
En ese documento se determinó que entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2015, el entonces secretario privado presidencial obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por un millón de dólares, pero registró gastos por $4.7 millones. Es decir, existe una diferencia de $3.7 millones.
Según la jueza, con este hecho se acreditó el delito de enriquecimiento injustificado. Añadió que la figura del blanqueo de capitales se produjo cuando De Obarrio abrió una cuenta para recibir regalos de su boda con Barsallo, por la suma de $259 mil. Añadió que aún después de haberse celebrado el enlace, la cuenta siguió generando aportes.
La jueza agregó que De Obarrio recibió transferencias internacionales con el propósito “de darle apariencia lícita a dineros obtenidos de forma fraudulenta”.
En cuanto a su madre Silvana Mancini de De Obarrio, precisó que esta participó de una serie de transacciones financieras para alquilar y comprar bienes inmuebles, razón por la que transfirió dinero a la cuenta de su hijo.
Con relación Ivette Barsallo, planteó que “usufructuó” de las ganancias de su esposo, al obtener bienes, propiedades y comodidades que De Obarrio utilizó e intentó dar una apariencia lícita. Ayer, en una entrevista radial con el periodista Álvaro Alvarado, Barsallo contó que se casó bajo el régimen de separación de bienes y que desconocía los dineros que manejó De Obarrio, pero que en Italia este lleva “una vida de rumba y fiesta” y es propietario -según ella- de un restaurante.
Mientras que a María Alejandra Salerno se le llamó a juicio por el delito de enriquecimiento injustificado porque recibió $288 mil 814 como parte de una transacción para la compra y venta de un bien inmueble. Este dinero fue depositado a nombre de la sociedad Ilkeston Associates, en la que ella figura como presidenta y representante legal.
De Obarrio abandonó Panamá a finales de 2014, después que terminó la gestión de Martinelli. Estuvo en paradero desconocido por varios años y, en abril de 2021, fue detenido en Italia por la policía, que hizo efectiva una solicitud de Interpol emitida en el 2019, toda vez que entonces era requerido por la justicia de Panamá. Sin embargo, no pudo ser devuelto al país debido a que entre los dos países no existe un convenio de extradición.
El exsecretario presidencial está mencionado en varios procesos que investigó la Fiscalía Anticorrupción relacionados con el manejo irregular de fondos asignados al extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía en varios de los casos, aseguró que De Obarrio era la persona que transmitía las instrucciones para asignar los contratos del PAN.
