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La fiscal anticorrupción Anilú Batista recalcó lo que argumentó un juez de cumplimiento recientemente: toda entidad del Estado que deba realizar pagos a Odebrecht relacionados con la ejecución de obras tendrá que retener esos fondos y entregarlos al Tesoro Nacional, con el propósito de amortizar la deuda atrasada que tiene la compañía, producto de la multa de $220 millones impuesta en 2017, a raíz de un acuerdo con el Ministerio Público por usar el sistema financiero del país para pagar sobornos.
El pasado jueves 23 de junio, en un conversatorio sobre el tema, la fiscal Batista recordó que las entidades descentralizadas del Estado están en la obligación de reportar cuando existan flujos de fondos pagados a Odebrecht por el desarrollo de obras, pues esos recursos serán usados para el pago de la multa. Batista recordó que tal decisión está contenida en un fallo de un juez de cumplimiento del pasado martes 21 de junio, mismo día en que ese juez ordenó retener $5.6 millones que el Metro de Panamá le debía a la compañía por el mantenimiento de las líneas 1 y 2, del sistema ferroviario.
Odebrecht, a través de sus abogados, se oponía a la retención de ese dinero alegando que deben pagar a contratistas.
La fiscal también narró que su despacho ha realizado ya ocho audiencias ante jueces de cumplimiento para lograr la recuperación de los montos adeudados.
Desde que en julio de 2017, el Ministerio Público firmó el acuerdo de colaboración con la constructora, mediante el cual sus ejecutivos confesaron haber incurrido en sobornos para garantizarse millonarios contratos públicos en Panamá y se comprometieron a pagar una multa de $220 millones en un período de 12 años, la empresa brasileña apenas ha cancelado al Tesoro Nacional $40 millones de forma voluntaria, incluyendo el abono inicial de 10 millones de dólares. Es decir, aquella sentencia no se ha ejecutado a cabalidad.
La audiencia preliminar por el caso Odebrecht está agendada para celebrarse del 18 de julio al 5 de agosto de este año.
