La Unidad Central Operativa (UCO), el órgano encargado de investigar delitos de crimen organizado en la Policía Judicial de la Guardia Civil de España, ha acreditado por lo menos $41 millones en “comisiones” pagadas por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para obtener contratos con el Estado. Estos dineros fueron desviados a través de la Caja B de Odebrecht, en apenas 10 meses, entre los años 2012 y 2013.
Así consta en un informe del 14 de diciembre de 2020, que la UCO remitió al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional de España, en el marco de la investigación seguida a FCC por presunta corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. El truco consistió en inflar más del doble el precio de adquisición del acero e incluso simular la compra de más tonelada del que se necesitaba realmente.
En el informe, los agentes de la UCO analizan correos internos de Odebrecht (socia de FCC en las líneas 1 y 2 del Metro) y el material entregado por Países Bajos, en respuesta a una comisión rogatoria librada por el juez Moreno, según informa el sitio digital de noticias La Información, que ha tenido acceso al documento.
“Los investigadores destapan la existencia de un entramado de cuatro escalones que va desde que se transfieren los primeros pagas hasta que llegan a la última offshore”, señala La Información.
Consta, además, que $73.7 millones de fondos públicos panameños y $9.3 millones de FCC fueron a parar a la Caja B de Odebrecht, utilizada para pagar sobornos a funcionarios y políticos, a cambio de contratos de obras civiles con el Estado. Los $73.7 millones corresponden al abono que el gobierno habría realizado por la construcción de la Ciudad de la Salud.
En la “maraña” utilizada para hacer los pagos de la Caja B, relucen los nombres de tres sociedades: Global Quality Steel, de Suiza; Sces Steel Services, de Delaware (Estados Unidos) y Convergence Capital Partners, de Países Bajos. Solo esta última sociedad habría recibido $41 millones en cuentas en bancos suizos, según documentan los agentes de la UCO. En estas transacciones se habría visto “salpicado” el abogado Mauricio Cort, presunto testaferro del expresidente Ricardo Martinelli.
En octubre pasado, la Audiencia Nacional de España imputó cargos a tres empresas subsidiarias de FCC, por el pago de $91 millones en sobornos. En Panamá, el Ministerio Público también adelante investigaciones por sobrecostos en cinco proyectos adjudicados a FCC.
