Finalmente, siete meses después de la detención de ambos en Guatemala, Estados Unidos divulgó el indictment (acusación) contra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, en el que acusa a ambos de tres cargos: uno, por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos, por ocultar información sobre el blanqueo de capitales.
Luis Enrique enfrenta además dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.
La acusación de cinco páginas se conoce este viernes 5 de febrero, pero fue entregada el día antes al despacho del juez Raymond J. Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el caso se dirime desde julio pasado. Dearie asumió el caso el pasado jueves, en reemplazo de la juez Diane Gujarati.
Solo por el delito de conspiración para lavar dinero, la pena sería de hasta 20 años de prisión. Por el delito de ocultar información, la pena máxima también es de 20 años de cárcel. El indictment advierte que los bienes ligados a los cargos están sujetos a confiscación, si eventualmente los acusados son condenados.
El indictment había permanecido sellado hasta ahora, pero los cargos que se detallan están sustentados en información que ya había sido dada a conocer por el agente especial del FBI, Michael Lewandowski, quien en varias ocasiones se reunió, en persona, con los Martinelli Linares, antes de que los hermanos fueran capturados en Guatemala, el 6 de julio pasado, ante una solicitud de extradición de Estados Unidos. El documento fue presentado por Lewandowski a la Corte el 27 de junio pasado, una semana antes de la detención de ambos.
Los hermanos están en una prisión militar en Guatemala, esperando que se resuelva su entrega a Estados Unidos.
La acusación formal contra Ricardo Alberto y Luis Enrique se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, coincidiendo en gran parte con el mandato presidencial de su padre, Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), y recogen al menos cuatro transacciones sospechosas.
Aunque el FBI sostiene que los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”, estos señalamientos no están en el indictment divulgado ahora.
Se detallan dos transacciones, el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2013, por $899,978.32 y $30,887.21, respectivamente, desde una institución financiera localizada en Suiza a un banco en Nueva York y, nuevamente, a un banco suizo.
La acusación también menciona dos transferencias, ligadas a Luis Enrique: una, el 11 de febrero de 2013, por $346,500, y otra, el 26 de agosto de 2015, por aproximadamente $570 mil, realizadas ambas desde un banco suizo a un banco en Nueva York, y de ahí –por último– a cuentas en New Jersey y Florida, respectivamente.
Los registros de transacciones de propiedad indican que los $570 mil transferidos corresponden al abono de un apartamento en Miami, Florida, a nombre de una sociedad, en beneficio de Luis Enrique. Ese apartamento, en Brickell Avenue, sería confiscado, en caso de condena.
La fiscal adjunta Julia Nestor informó a la Corte que calcula que el juicio podría tener una duración de menos de seis semanas.
