La decisión de la juez Baloisa Marquínez de condenar a Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), se fundamentó en tres aspectos: la confesión de sus testaferros, las maniobras usadas por ocultar los fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) que eran desviados a sus cuentas bancarias y los testimonios de los exdirectores del PAN, Giacomo Tamburelli y Rafael Guardia Jaén.
El fallo dado a conocer la tarde del martes 13 de marzo de 2023 deja constancia que la juez valoró con especial atención las declaraciones que, bajo juramento, rindieron Sergio González Ruiz, Jorge Espino y Juan Carlos Marciaga, quienes aceptaron haber servido de vínculo entre algunos empresarios y Chichi De Obarrio.
En el caso de González Ruiz, expresidente del Movimiento Liberal Repúblicano Nacionalista (Molirena), la Fiscalía Anticorrupción comprobó que fue la persona a la que De Obarrio entregó los fondos ilícitos que, a su vez, había recibido de Marciaga.
González Ruiz admitió en una declaración que se había dado cuenta que lavaba dinero para beneficiar a De Obarrio.
Según la juez, se probó que había tres esquemas para blanquear los dineros: el uso de sociedades anónimas para la compra y venta de bienes inmuebles; el uso de intermediarios financieros, y el uso de cuentas de recaudación. Una de las cuentas utilizadas por De Obarrio para blanquear, era la de Blue Apple.
La juez también valoró las declaraciones de los exdirectores del PAN Giacomo Tamburelli y Rafael Guardia Jaén.
En base a la declaración de ambos exfuncionarios, el tribunal pudo establecer que De Obarrio ostentaba una situación de poder que le permitió girar órdenes a otros servidores públicos para determinar cómo, cuándo y de qué forma debían hacerse los movimientos de altas sumas de dinero para ocultar que era él el destinatario final.
La juez también determinó como un agravante el hecho de que se trató de un delito continuado, ya que se repitió en múltiples ocasiones en el tiempo.
La juez calculó que solo en los proyectos de construcción de zonas pagas de Mi Bus y el proyecto de alcantarillado de Chitré, provincia de Herrera, se manejó un monto de $2.5 millones que procedían de actos de corrupción.
La sentencia de la juez puede ser apelada.
De Obarrio no está en Panamá. Se fue desde diciembre de 2014 a Italia, de donde es ciudadano, y no ha podido ser entregado porque Panamá no ratificó el acuerdo bilateral de extradición suscrito con ese país.
