Unas 60 opiniones han sido entregadas en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Acuerdo 11-1 del Tribunal Electoral (TE) del 4 de marzo de 2024, que inhabilitó al expresidente Ricardo Martinelli para participar en la contienda electoral del próximo 5 de mayo y permitió a José Raúl Mulino asumir esa postulación.
Hoy viernes concluyó el plazo para que los interesados presentaran sus opiniones sobre la viabilidad de la demanda presentada por la abogada Karisma Etienne Karamañites contra el Acuerdo 11-1.
Fuentes de la Corte informaron que entre los que han entregado sus argumentos a la Corte se encuentran el exmagistrado de la Corte Harry Díaz, el abogado Juan Manuel Castulovich, la diputada Mayín Correa, entre otros.
Cumplida esta etapa, el magistrado ponente Olmedo Arrocha tendrá un plazo de 10 días para elaborar un proyecto de fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2565 del Código Judicial. Luego, Arrocha deberá circular el fallo entre los otros ocho magistrados que conforman el pleno de la Corte.
El proyecto de fallo se pondrá a circular por un período de 20 días hábiles de manera simultánea; luego se convocará una reunión del pleno de la Corte para discutir el proyecto. Una vez aprobado el fallo, se pone en limpio, se firma por los magistrados, se registran los salvamentos de voto, si la decisión no fuera unánime, y se remite a la Secretaría de la Corte para fijar un edicto para notificar a las partes.
Mientras tanto, Mulino participa en actividades políticas para promover su candidatura. El candidato de los partidos Realizando Metas y Alianza tiene previsto realizar su cierre de campaña el próximo 28 de abril en la vía España.
Por su lado, el expresidente Ricardo Martinelli permanece asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 de febrero. El exmandatario mantiene una condena de prisión de 128 meses por el delito de blanqueo de capitales por la compra de Editora Panamá América realizada a través de la sociedad New Business, que fungió como cuenta canasta para la recepción de fondos provenientes de obras adjudicadas por el Estado durante su administración (2009-2014).
