El caso Panamá Papers ha estigmatizado al país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales. Así comenzó la fiscal segunda especializada en delincuencia organizada, Isis Soto, su alegato en el juicio por el proceso que le sigue la pista a una red de sociedades offshore creadas por la extinta firma de abogados Mossack Fonseca y que se habrían usado para blanquear capitales.
La fiscal solicitó la condena por la supuesta comisión de blanqueo de capitales para los exdirectivos del bufete, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca; al igual que para otras 24 personas.
Para los dos exdirectivos pidió la pena máxima, lo mismo que para Dick Brauer, Axel Gauster, Ramsés Owens y Hans Joachim Kohlsdorf. El artículo 254 del Código Penal establece penas que oscilan entre 5 a 12 años por los delitos de blanqueo de capitales.
También solicitó la absolución para tres de los investigados por no tener mayor responsabilidad en los hechos. Ellos son: Reyna Chong, Itzel Fuentes y Zacgary Lundgren.
Dos eventos
La fiscal comenzó a hablar a las 9:16 a.m. de ayer miércoles 17 de abril, y terminó a las 4:50 p.m. Se refirió a dos eventos concretos relacionados con las actividades de Mossack Fonseca.
Uno está relacionado con empleados de la empresa alemana Siemens, quienes, de acuerdo a la pesquisa, habrían sustraído fondos que ocultaron en las denominadas cajas negras, transacción en la que usaron sociedades creadas por la firma de abogados panameña.
El otro evento está ligado con fondos provenientes de un fraude en Argentina, dineros que según la investigación, se usaron en la compra de bienes inmuebles en Panamá.
De Dick Brauer y Axel Gauster, la fiscal dijo que figuraban como directivos de Mossack Fonseca y participaron de “manera activa” en transacciones para ocultar fondos provenientes de Siemens. Mencionó que usaron testaferros, entre otras maniobras.
La fiscal se apoyó en declaraciones de Lurys Madrid, exempleada de la firma de abogados y las del banquero Jean Claude de Rouge, que trabajó en el AndBank. Ambos alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público y dijeron que las sociedades y estructuras financieras no estaban debidamente reguladas.
Sobre Sandra Naranjo de Cornejo, la fiscal sustentó que no alertó sobre la procedencia ilícita de los fondos usados para la compra de 10 inmuebles en Panamá.
En la sesión de la tarde, la fiscal argumentó los cargos contra Edison Teano, Ernesto González, Egbert Wetherborne, Valentín Ureña, María Luján y Rigoberto Coronado, quienes trabajaban en el bufete.
Dijo que avalaron las transacciones relacionadas con los fondos sustraídos a Siemens, entre otros aspectos. Manifestó que este grupo actuó como cómplice en las actividades de blanqueo de capitales y en ocultar las actividades relacionadas con los fondos que llegaron a la firma de abogados.
Sobre Rubén Hernández y Gilda Soto, mencionó que canalizando fondos ilícitos a través de sociedades creadas por Mossack Fonseca.
De Sabina Ho de Ramos, Ana Eliza Atencio, Yelka de Martínez y Eyra Perdomo, aseguró que conocían la investigación abierta en Alemania sobre el caso Siemens, pero guardaron silencio y no emitieron las alertas correspondientes ante las autoridades. En cuanto a Hans Joachim Kohlsdorf, alegó que era el encargado de administrar los asuntos de la empresa alemana en América del Sur y conocía de las maniobras para desviar los fondos.
Sobre Ramsés Owen, la fiscal dijo que conocía de la investigación adelantada contra Kohlsdorf en Alemania y pese a eso creó sociedades y cuentas para ocultar los fondos provenientes de la actividad ilícita.
De Amauri Batista, dijo que fue cómplice de las estrategias para adquirir inmuebles con fondos ilegales procedentes de Argentina. Según la fiscalía, Batista conocía de las investigaciones seguidas en Argentina por estafa y blanqueo de capitales y aún así facilitó estructuras para la compra de los apartamentos.
La fiscalía también pidió la condena de María Patricia Diz, Ricardo Samaniego, Yadira De Boutaud, Yakeline Pérez, Yenni Martínez y Ercibelle González, quienes aparecían en las juntas directivas de las sociedades que se usaron para la compra de apartamentos. Según Soto, prestaron sus nombres para las transacciones.
