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Estos son los tres magistrados que tienen en sus manos el futuro de New Business

Estos son los tres magistrados que tienen en sus manos el futuro de New Business
Magistrados Manuel Mata Avendaño, Secundino Mendieta y José Hoo Justiniani. LP

Dos magistrados que han estado bajo el escrutinio ciudadano por sus controversiales fallos están en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, instancia a la que corresponderá decidir la apelación que, sobre el caso New Business, han anunciado los abogados de los cinco condenados, incluyendo la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, sentenciado a 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones por blanqueo de capitales.

El Ministerio Público también anunció la presentación de un recurso de hecho ante el Tribunal Superior, después de que la juez penal Baloisa Marquínez declarara que su apelación había sido anunciada fuera de termino y, por tanto, es extemporánea.

¿Quiénes son?

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales entró en funciones el 1 de enero de 2022, para asumir el conocimiento de los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y la implementación del sistema penal acusatorio. Es un tribunal pequeño, ya que lo conforman únicamente tres magistrados heredados del ahora extinto Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial: José Hoo Justiniani, Secundino Mendieta y Manuel Mata Avendaño, todos ellos con muchos años de experiencia y con una carrera formada durante toda una vida en el Órgano Judicial.

Aquí enumeramos algunos antecedentes de los tres, muchos de los cuales seguramente recordará el lector, ya que en su momento fueron muy comentados y criticados porque anularon cargos o cerraron investigaciones.

Hoo, el presidente

Hay que empezar con José Hoo Justiniani, presidente del Tribunal Superior de Liquidación. Tiene 27 años de experiencia en el Órgano Judicial. Ha recorrido casi todas las posiciones: oficial mayor, juez penal, magistrado suplente.

Precisamente cuando fungió como magistrado suplente del Segundo Tribunal Superior, en enero de 2012, firmó una resolución que confirmó un sobreseimiento definitivo y archivó el proceso que se le siguió al expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) porque la empresa Lucky Games (la cual obtuvo un contrato de concesión para operar máquinas tragamonedas en su gobierno) envió dinero a Shelf Holding, una sociedad familiar del exgobernante. Esa decisión fue objeto de una casación por parte del Ministerio Público y la Sala Penal declaró nula la actuación del Segundo Tribunal, con el argumento de que Hoo Justiniani no tenía competencia para firmar, ya que esa responsabilidad era de la entonces magistrada Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara.

También fue suya la decisión de anular las indagatorias a varios imputados (incluyendo a Adolfo Chichi De Obarrio) en la investigación por las irregularidades del programa “Piso y Techo”, ejecutado en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), con fondos del entonces Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Hoo otorgó fianzas de excarcelación, en 2017, a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, fundadores de la extinta firma forense Mossack Fonseca.

Igualmente, revocó la imputación de cargos a Gabriel Gaby Btesh, en el proceso por las anomalías en el contrato para la administración de estacionamientos en el aeropuerto de Tocumen. También anuló la imputación de los cargos que pesaban contra Marco Albán, directivo de la sociedad Hidalgo & Hidalgo (H&H), y a Emilio Kieswetter, exministro de Desarrollo Agropecuario, pese a que el Ministerio Público probó que el Estado había pagado un anticipo de $31 millones para la construcción del proyecto Riego de Tonosí, adjudicado a H&H. La obra nunca se desarrolló.

Mendieta fue querellado

Mendieta, que funge como vicepresidente del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, fue querellado por abuso de autoridad en 2014 por el exjuez penal Alexis Ballesteros, por supuestamente haberlo presionado (junto con los entonces magistrados Wilfredo Sáenz, José Ayú Prado y Alejandro Moncada Luna) para fallar a favor de sujetos allegados al expresidente Martinelli.

Antes, como juez penal, sobreseyó al exingeniero municipal Jaime Salas.

En el gobierno de Martinelli, su carrera ascendió. En agosto de 2012 fue nombrado magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia y luego, suplente del magistrado Hernán De León, en la Sala Penal, cargo que ejerció hasta 2021. En este último rol, apoyó el fallo del pleno que declinó la competencia de la Corte en el proceso seguido a Martinelli por la interceptación ilegal de las comunicaciones, caso vulgarmente conocido como “pinchazos”.

Como magistrado del Segundo Tribunal Superior, fue ponente del fallo que favoreció con un sobreseimiento a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Antai), Anabelle Villamonte, por el caso Juan Hombrón. Él se excuso diciendo que su fallo solo avalaba una decisión ya adoptada en primera instancia.

Doble sombrero

Al igual que lo fue en su momento Mendieta, Manuel Mata Avendaño también tiene el rol de magistrado suplente en la Sala Penal (en su caso, de Ariadne García), desde enero pasado.

Como magistrado del Tribunal Superior de Liquidación, fue el ponente del fallo que absolvió al exviceministro de Comercio, Luis Eduardo Camacho González, y a la exdirectora de Migración, María Cristina González, por el caso de un call center para hacer campaña política a favor de José Domingo Arias, candidato presidencial por el oficialismo en las elecciones de 2014.

La otra cara de la moneda

Por otro lado, Hoo, Mendieta y Avendaño, como ente colegiado, han tenido algunos fallos que han dado paso a condenas y precedentes relevantes. Por ejemplo, los tres, como tribunal revocaron una absolución y condenaron a la exministra de Trabajo, Alma Cortés, y a cinco exfuncionarios más, por peculado. El caso guarda relación con el cobro de viáticos para acudir a reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, en 2011. En sus conclusiones, anotaron que ese caso “produjo una afectación moral como económica significativa, que tocaba la credibilidad de las instituciones”.

Además, Mata y Mendieta acordaron que sí había pruebas suficientes para llamar a juicio a 32 personas (incluyendo a los fundadores de la firma Mossack & Fonseca) por el caso de blanqueo de capitales denominado Lava Jato, cuyo juicio ya se celebró este mes y está pendiente de sentencia.


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