La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre si mantiene las penas de 4 y 6 años de prisión impuestas a 10 exfuncionarios del Segundo Tribunal de Justicia que formaban parte de una red que alteraba sentencias, concedía medidas cautelares e influía en los jurados de conciencia en los juicios.
A través del edicto No. 195, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales envió a la Sala Penal de la Corte el escrito de casación presentado por 10 de las 18 personas condenadas en este caso, quienes solicitan que se revoque la pena de prisión impuesta por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
Los recursos fueron presentados por un grupo de abogados defensores, quienes alegan que sus clientes no tienen una vinculación directa con los hechos de corrupción que se investigaron y que generaron una sentencia condenatoria, ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Causas Penales.
En mayo de 2023, el juez segundo liquidador adjunto, Fernando Bazurto, sancionó a ocho exfuncionarios del Segundo Tribunal de Justicia a una pena de 6 años de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos, tras comprobarse que recibían dinero a cambio de conceder medidas cautelares, adelantar fechas de juicio e influir en jurados de conciencia que participaban en juicios por el delito de homicidio.
El juez Bazurto también condenó a la pena de 4 años de prisión a 10 personas que habían participado en juicios en los que se comprobó que recibieron dinero para beneficiar a determinado imputado.
En ese caso, otros cinco de los investigados se acogieron a un acuerdo de pena de 40 meses de prisión y otro fue sancionado con 60 meses de cárcel.
La investigación se inició en el año 2015, a raíz de una denuncia interpuesta por el entonces magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, quien recibió información de que en los juzgados de circuito penal, en el Segundo Tribunal Superior Penal y en la Oficina de Descongestión Judicial supuestamente se cobraban coimas para liberar a personas vinculadas con procesos penales y pagaban sobornos a jurados de conciencia.
