El juez tercero liquidador adjunto, Fernando Basurto, ordenó el arresto de tres exfuncionarios del Órgano Judicial acusados de la presunta comisión del delito de corrupción de funcionario, vinculados a una supuesta red que cobraba coimas a cambio de otorgar libertades y otros beneficios a personas procesadas.
Basurto tomó esa decisión luego de que los tres procesados, cuyos nombres no se dieron a conocer, no comparecieran al juicio de este caso fijado para ayer jueves 25 de agosto, pesquisa que también alcanza a otras 23 personas.
Basurto sustentó que los tres imputados no pudieron ser notificados para el juicio por haber cambiado de residencia sin notificar al juzgado.
Explicó que los procesados tienen conocimiento que están sujetos a un proceso penal que deben atender, por lo que giró un oficio en el que se les declaró en rebeldía y ordenó a la Policía Nacional detenerlos y ponerlos a órdenes del tribunal.
El juez también reveló que otros tres imputados que gozan de fianza de excarcelación tampoco comparecieron al juicio, precisamente porque también cambiaron su domicilio sin advertir al juzgado.
En este caso explicó que los imputados tienen un término de 10 días para presentarse ante el tribunal o, de lo contrario, se les revocará la fianza que en su momento les fue otorgada. Además, serían declarados en rebeldía y se ordenaría su arresto.
El juez fijó la nueva fecha de juicio: 14 y 15 de noviembre próximo y, como fecha alterna, el 5 y 6 de diciembre.
Así empezó
Este caso surgió en agosto de 2015, luego de una denuncia presentada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, tras detectar irregularidades en el manejo de algunos expedientes, asignación de fianzas y medidas cautelares por parte de funcionarios del Segundo Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado Decimosexto y la Oficina de Descongestión Judicial.
En el expediente, que en la actualidad se encuentra a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, se estableció el presunto cobro de coimas por parte de los funcionarios judiciales a cambio de liberar personas vinculadas con procesos penales y el pago de sobornos a jurados de conciencia en el Segundo Tribunal de Justicia, en la Oficina de Descongestión Judicial y en los juzgados de circuito penal.
La investigación de la fiscalía reveló que algunos jurados de conciencia eran contactados por los funcionarios judiciales encargados de trasladarlos durante los juicios, para que favorecieran a un determinado implicado.
También se obtuvieron evidencias de que un funcionario encargado de agendar las audiencias presuntamente cobraba dinero a algunos abogados para adelantar o retrasar las fechas de juicios, según fuera la necesidad. El escándalo generado por la investigación obligó a los magistrados del Segundo Tribunal a establecer mayores controles.
