El proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, ha dado una serie de vueltas desde abril de 2021, cuando el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, lo presentó ante la Asamblea Nacional.
El documento ha pasado por subcomisiones, conversatorios, foros y hasta giras en Colombia. Ha recibido múltiples críticas y hasta ocasionó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Por estos días, la iniciativa legislativa está en una mesa técnica que dirige la diputada oficialista Corina Cano. En la misma participan abogados, diputados y representantes de la sociedad civil. Hasta ayer miércoles, la mesa había logrado consenso en al menos 20 de los 93 artículos del proyecto original.
Una alarma
En medio de la discusión en la mesa técnica de la Asamblea, se disparó una alarma: no hubo consenso para que esta legislación sea aplicable en casos de delitos contra la administración pública. Varios de los que participan en la discusión informaron a este medio que el asunto fue ignorado por los diputados y algunos abogados a los que no les interesa que la extinción de dominio de bienes ilícitos pueda aplicarse en casos de corrupción.
Mesa Técnica de Gobierno, que dirige la diputada Corina Cano continuó en su quinto día con el análisis del Proyecto de Ley 625 sobre Extinción de Dominio, iniciativa del Ejecutivo que consta de 94 artículos. pic.twitter.com/15pxbpu0Sk
— Asamblea Nacional (@asambleapa) April 12, 2023
El proyecto original, en su artículo cuarto, señalaba que la norma sería aplicable a “toda actividad tipificada como delictiva, a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se haya dictado sentencia condenatoria firme en la jurisdicción penal”. La misma buscaba cubrir todos los delitos, incluyendo obviamente la corrupción.
Sin embargo, con las modificaciones realizadas a la propuesta, se creó “un catálogo de delitos” a los que alcanzaría dicha ley, varios de ellos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros conexos como la extorsión, la estafa, el robo, el homicidio, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el blanqueo de capitales. Ni rastro de los delitos contra la administración pública.
‘Barbaridad’
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, manifestó su desacuerdo con la exclusión de este delito. Álvarez sostuvo que incluso se debería agregar un artículo a la norma para declarar la no prescripción de los mismos.
“Para mí como panameño es más importante que esa ley permita la investigación de las riquezas mal habidas, producto de los atracos al erario público. Creo que los delitos contra la administración pública deben ser imprescriptibles. Que un funcionario que se coja un centésimo del Estado, nunca más si se va del país pueda regresar, porque donde pone un pie debe quedar preso a perpetuidad. Esto tenemos que acabarlo, es la única forma de combatir la corrupción”, manifestó.
Álvarez dijo que no le tiene miedo a una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, aunque afirmó que su interés es que no solo se aplique a delitos por narcotráfico.
El abogado y fundador del movimiento Trinka Panamá, Carlos Ernesto González De La Lastra, calificó de “barbaridad” el que se hayan excluido los delitos contra la administración pública del debate. Señaló que la extinción de dominio, sería el primer acto positivo en la lucha contra la corrupción.
“El haber dejado por fuera este tipo de delito es perfectamente una irresponsabilidad y un gravísimo error que atenta contra la sociedad panameña”, añadió.
¿Obstáculo?
Por su parte, Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, quien ha asistido a las sesiones de la mesa técnica como observadora, sostuvo que la exclusión de este delito, según lo que ha podido observar en la Asamblea, es a raíz de que podrían ser un obstáculo para la aprobación final del proyecto del ley.
“Hemos podido contar con expertos nacionales e internacionales y en todo este tiempo la Asamblea Nacional ha hecho saber, por distintos medios, que la inclusión de los delitos contra la administración pública podría impedir la aprobación de la ley. En muchos países de la región, la extinción de dominio inició con una cobertura reducida hasta que posteriormente se generaron consensos sobre la necesidad de ampliar su ámbito de aplicación”, explicó.
"Desde Espacio Cívico reiteramos la importancia y necesidad de una herramienta como la #extincióndedominio en Panamá."#espaciocívico pic.twitter.com/Bh8WLjMca0
— Espacio Cívico (@espaciocivico) January 24, 2023
Otro que opinó sobre el asunto fue el abogado Ariel Corbetti, quien ha participado en las discusiones de la mesa técnica. Afirmó que aunque el proyecto de ley original estaba mal estructurado, lo que en principio lo llevó a oponerse al mismo, sería una pena perder la oportunidad de enviar un mensaje alto y claro al país de que se quiere luchar contra la corrupción.
“La mayoría de los participantes de la mesa técnica han preferido no incluir, dentro del catálogo de delitos, los vinculados a corrupción y los delitos contra la administración. Esto no significa que todos los que hemos estamos ahí estamos de acuerdo con eso. Cuando suba a la comisión [de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales] y se den los debates, sabremos si los diputados habrán entendido la necesidad de incluir estos delitos y de mandarle un mensaje positivo al país diciendo que la extinción de dominio no solamente va a luchar contra el crimen organizado, las mafias, el pandillerismo, el tráfico de drogas y los delitos considerados graves, sino que también va a servir para luchar contra estos delitos que configuran escándalos diarios en el país”, añadió Corbetti.
La abogada Mayra Rodríguez, quien representa a la World Compliance Association, señaló que en la mesa se estableció que sólo se incluirían aquellos delitos que guardan relación con el crimen organizado, pues algunos de los que tomaron la palabra expusieron que la ley podría servir “para pasar facturas políticas”. En las discusiones se ha visto la participación de Alfredo Vallarino, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, aunque Vallarino ha dicho que está ahí a título personal.
Rodríguez no descarta que sobre la marcha se puedan generar cambios o ajustes para fortalecer el proyecto de ley, aunque por el momento la discusión apunta únicamente a que la norma sería aplicable solo al crimen organizado.
