La cuenta canasta a nombre de Blue Apple Services Inc. y otras cuatro sociedades anónimas captaron $81 millones aportados por contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), dineros que correspondían a pagos por las obras licitadas con el Estado panameño.
Así lo sustentó el fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez, al iniciar sus alegatos en el juicio que por presunto blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios y falsedad de documentos se lleva a cabo desde el pasado 22 de agosto, en el tribunal que preside la juez penal Baloisa Marquínez.
Las sociedades que captaron los fondos de los contratistas son Blue Apple Services, Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Corporación Libuma y Nightmare Overseas, todas ellas creadas o relacionadas al abogado Federico Barrios Alaín, quien pactó un acuerdo de pena con la fiscalía y este miércoles 30 de agosto, justo antes del inicio de la fase de alegatos, testificó a petición de los abogados de varios imputados.
Estas sociedades “fueron utilizadas para recibir y transferir dinero y recursos provenientes de delitos contra la administración pública, específicamente, corrupción de servidores públicos. En otras palabras, se dedicaban a blanquear capitales provenientes de corrupción de servidores públicos”, alegó el fiscal.
También se crearon sociedades “puentes” como Desarrollo Lineal, Servicios Maravilla, Soluciones Estructurales Internacionales, Ebony Development Inc., Experimental Development, Materiales para el Desarrollo, S.A. y Capital para el Desarrollo del Istmo. Todas fueron constituidas por la firma forense de Barrios y eran utilizadas para emitir documentos sobre supuestos servicios profesionales prestados a los contratistas y así dar apariencia de legalidad a la operación.
📹 El fiscal Edwin Juárez da un balance de los alegatos realizados hoy por la Fiscalía en el séptimo día del juicio #BlueApple, así como lo que se espera para mañana, octavo día, cuando se continuará la fase de alegatos por parte de los representantes de la PGN. pic.twitter.com/nzPTnypntt
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Con este esquema de blanqueo de capitales se simularon contratos de factoring y se pagaron facturas ficticias, explicó el fiscal.
Todas las sociedades mencionadas tenían como domicilio la misma dirección: el edificio Century Tower, apartamento 19G, en la avenida Ricardo J. Alfaro, donde estaban las oficinas de Barrios.
Los contratistas que aportaron los fondos (y que están identificados en el expediente) son las constructoras Meco, S.A., Conalvías, Rodsa, Bagatrac, Conceptos y Espacios y GS Contractor, entre otras. Algunos tienen acuerdos de colaboración con la fiscalía; otros están imputados y enjuiciados.
Los contratistas y los ‘apoyos políticos’
En su alegato, el fiscal Vásquez hizo mención a los acuerdos pactados con los representantes legales de las empresas contratistas.
Contó que Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa, reconoció los hechos imputados y explicó que el primero en contactarlo fue Jorge Churro Ruiz, director de administración de contratos del MOP, quien le pidió “apoyo político” a cambio de supuestas diligencias para aprobar y agilizar los pagos ante Contraloría y otras entidades. Rodríguez luego declaró que eventualmente fue citado por Federico José Pepe Suárez, entonces ministro del MOP, quien le solicitó desembolsos que representaban entre el 8% y el 10% del monto del contrato.
El Fiscal Superior, Aurelio Vásquez destacó en sus alegatos que el delito precedente en la investigación seguida en caso #BlueApple es la corrupción de servidores públicos. 👇 pic.twitter.com/Qq2AZtrLKD
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El fiscal agregó en su alegato que Churro Ruiz instruía a los contratistas a que se pusieran en contacto con Joaquín Rodríguez, exgerente de la empresa Factor Global y socio de Barrios.
Vásquez también mencionó en su alegato el testimonio de Carlos Cerdas, de la constructora Meco, quien declaró que Ruiz le solicitó un pago equivalente al 10% del monto de sus seis contratos con el MOP. Algo similar declararon Alberto Jurado Rosales, de Bagatrac; Jorge Espino y Julian París, de Conceptos y Espacios; Juan Daniel Girón Samaniego, de Grupo Corporativo GS, y Eduardo Di Bello Robles, de Ingeniería REC. Los “apoyos políticos” a esta última le fueron solicitados por un contrato que tenía en Colón con el Ministerio de Vivienda y no con el MOP, como le ocurrió a los demás.
También César Jaramillo, de Conalvías, confirmó haber entregado los dineros solicitados por Ruiz. Sin embargo, se declaró inocente en el primer día de juicio.
El resto sí se acogió a acuerdos de colaboración con la fiscalía.
Igualmente, Churro Ruiz logró un acuerdo de pena el pasado 22 de agosto, el mismo día que empezó l juicio. Se desconoce el contenido exacto del acuerdo, salvo que conlleva una pena de prisión superior a los 60 meses.
Pepe Suárez, así como el también exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro, están siendo enjuiciados. Los dos se declararon inocentes.
El Churro en Monte Oscuro
El fiscal Vásquez mencionó a la juez Marquínez que Churro Ruiz, como funcionario del MOP, fue citado a unas oficinas en Monte Oscuro, “por el hijo de un expresidente de la República”. El fiscal no aclaró si se refería a Luis Enrique o a Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) que están imputados por esta causa.
Sin embargo, Luis Enrique y Ricardo Alberto no pueden ser mencionados con nombre propio en el tribunal de Marquínez, ya que cinco días antes del inicio del juicio fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Por tanto, la competencia para procesarlos a ellos dos la tiene ahora la Corte Suprema de Justicia.
En sus alegatos, el Fiscal Superior, Aurelio Vásquez se refiere a la actuación de los imputados en caso #BlueApple como una "ceguera deliberada".👇 pic.twitter.com/nnk05ZEQ07
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Lo que sí dejó claro el fiscal es que Ruiz asumió un papel muy relevante en este esquema. Además, constituyó dos sociedades, llamadas HB Engineering y Treasure Island Development, en la que él mismo reconoció que se habían captado $12 millones, que eventualmente fueron a parar a una cuenta en Suiza, “por instrucciones del hijo del presidente de esa época”. El fiscal luego aclaró que el monto era superior al reconocido por Ruiz: solo en la cuenta a nombre de Treasure Island se depositaron $18.6 millones.
Condenas
El Ministerio Público calcula que, en total, necesita 10 horas para presentar sus alegatos. Este miércoles avanzó poco menos de la mitad. Este miércoles, alcanzaron a pedir la condena de los imputados Riccardo Francolini, Manuel Ruiz Vigil, Luis Antonio Donadío, Valentín Martínez Vásquez, Juan Daniel Girón y César Jaramillo.
Martínez Vásquez fue condenado en julio por blanqueo de capitales (80 meses de prisión, en total), pero por otro caso: el denominado New Business. Por estos hechos, Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Al ser una condena de primera instancia, fue apelada.
Habla Federico Barrios
Federico Barrios Alaín, titular de la cuenta canasta a nombre de la sociedad Blue Apple Services, subió al estrado la mañana de este miércoles, antes del inicio de la fase de alegatos.
El primero en interrogarlo fue William Parodi, abogado de Luis Alberto Arias García, quien le preguntó a Barrios por su relación con la empresa Pago Express y la sociedad Inversión y Servicios LJ. Barrios contó que Pago Express fue una empresa utilizada para recibir los fondos, dado que llegó un momento en que, por el volumen, era difícil manejar todo únicamente a través de Blue Apple: esa cuenta había superado el “perfil transaccional” acreditado en el banco.
Barrios identificó a Hernando Arias (ya fallecido) como el dueño de Pago Express y dijo que fue él quien le facilitó el uso de otra de sus sociedades, la denominada Inversión y Servicios LJ, pero que esta última fue utilizada para una transacción muy puntual, la cual no identificó.
Parodi recordó que Blue Apple transifiró $500 mil a una cuenta de LJ, en el año 2012.
Barrios declaró que no tiene constancia de que el imputado Luis Alberto Arias recibiera algún beneficio de estos dineros. No obstante, luego dijo que no sabía que Luis Alberto Arias era firmante de la cuenta de LJ.
Ante una pregunta del fiscal Javier Cuadra, Barrios explicó que cuando habla de “tercerizar” dinero, se refiere a la transferencia a favor de varias empresas, para diluir los gastos.
“¿Cuál era el interés de esto? ¿Por qué se hace esto? Porque la empresa que contrata esto al final queda pagando menos impuestos”, dijo en el estrado. Barrios lo llamó también “un esquema de escudo fiscal”.
Luego, el fiscal Aurelio Vásquez aclaró que el llamado “escudo fiscal” no era más que una pantalla para justificar el desvío y blanqueo de fondos públicos.
“El tema del escudo fiscal es una excusa para justificar lo que estaban haciendo”, remarcó el fiscal.
Barrios también declaró que Joaquín Rodríguez era su socio “en esta estructura de negocios” y conocía toda la operación. Rodríguez no ha declarado en el juicio.
Gilberto Bernal, abogado del imputado Luis Antonio Donadío, también tenía preguntas para Barrios.
Barrios contó que considera a Donadío como parte de su familia. Cuando Donadío obtuvo su título de abogado, incluso le ofreció trabajo en la constitución de varias sociedades: incluso Donadío, en varias ocasiones, se colocó como director nominal en varias de ellas. Al menos tres de estas sociedades están ahora mencionadas en el expediente de Blue Apple, aunque Barrios declaró que él tenía el control absoluto de las mismas: “yo manejaba la chequera, la banca en línea... Eso consta en el banco. Debo aparecer como beneficiario final y único firmante”. Agregó que Donadío nunca le preguntó para qué usarían esas sociedades.
Cristian Ortega, abogado del imputado Octavio Samaniego, también participó del interrogatorio. Barrios y Samaniego se conocen porque ambos fueron pasantes en las firmas forense Icaza, González Ruiz y Alemán (Igra) y Morgan & Morgan, respectivamente, en la década de 1990. Desde entonces son amigos y Barrios contrató los servicios de Samaniego, como contador, una vez se retiró de Morgan & Morgan, aunque negó que Samaniego fuera “el contador de Blue Apple” y nunca le explicó en qué consistía “el escudo fiscal”.
Barrios contó que se constituyeron empresas para afiliarlas a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), “porque estaban exoneradas del pago de impuestos hasta $150 mil... Por eso se utilizó Ampyme como estructura inicial, porque el negocio empezó con un montón [de empresas] muy pequeñas”. Aclara que esta exoneración estaba amparada en el marco de la ley y que esta es una práctica común, “aunque no sé si se sigue haciendo, porque la defraudación fiscal es un delito y creo que lo metieron hasta en el catálogo de delitos [precedentes] del blanqueo de capitales”.
Barrios, interrogado por Alfredo Vallarino, abogado del imputado César Jaramillo, dijo que no tenía poder para adjudicar contratos en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ni hizo pagos a funcionarios ni tenía capacidad para dar órdenes en ninguna entidad.
El testigo, que a veces objetaba él mismo las preguntas de los representantes del Ministerio Público o reclamaba porque las consideraba “capciosas”, se quejó porque se ha utilizado su declaración para “vincular” a varias personas al proceso, gente que no conocía cómo funcionaba su “escudo fiscal”. Ese sería el caso de la imputada Silvia Rojas, quien trabajó como nana en su residencia, a quien le pidió la cédula y colocó como directora nominal en varias sociedades. Por eso, Barrios le pagaba una cantidad, que no precisó, y que era “imposible que ella entendiera sobre ese negocio ni nada parecido”, ya que la señora Rojas no terminó la escuela y era de un origen muy humilde.
La fiscalía continuará con sus alegatos este jueves 31 de agosto, cuando se reanude el juicio, que ya entra a su octavo día.
