Un total de 5 mil 870 ascensos fueron otorgados en los diferentes estamentos de seguridad, como la Policía Nacional (PN), el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
De acuerdo con las órdenes generales del pasado viernes 25 de noviembre emitidas por las respectivas entidades, se ordenaron 3 mil 792 ascensos dentro de la PN, 833 en Senafront, 378 en el SPI y 867 en el Senan.
Las órdenes se basan en cuatro decretos de personal emitidos por las instituciones seguridad el 18 de noviembre de 2022. Los documentos llevan la firma de los máximos regentes de la PN, John Dornheim; del Senafront, Oriel Ortega; del Senan, Jeramías Urieta, y del SPI, Julio César Jean-Louis Garrido.
Se eleva al rango de comisionados de la Policía Nacional a un total 21 subcomisionados; en tanto, 52 agentes que ahora son mayores serán ascendidos a subcomisionados.
En el grupo de nuevos comisionados, 12 están en la Policía, seis en Senafront y tres en Senan.
Entre los ascensos también figuran 332 tenientes que ahora serán capitanes, mientras que 772 subtenientes logran el rango de teniente.
También se producen una serie de ascensos en los rangos de sargento primero a subteniente, con un total de 514, y de sargento segundo a sargento primero, a favor de 86 agentes.
El ascenso de rango de los agentes policiales conlleva un mejoramiento salarial (y por ende, una mejor jubilación) que, según se ha podido establecer, representa un gasto adicional de $7 millones 214 mil 145 anuales.
En el año 2021 también se produjeron una serie de ascensos en los estamentos de seguridad, que en ese momento representó un erogación para el Estado de $7.5 millones al año.
El aumento salarial más pronunciado se da en el grupo de los nuevos comisionados. Mensualmente, un subcomisionado devenga un salario de $3 mil 100, mientras que un comisionado gana $4 mil 300.
El aumento, de unos $1,200 al mes, se suma a una serie de beneficios como los gastos de representación: de $700 al mes para cada subcomisionado y de $750 para cada comisionado.
En total, el Ministerio de Seguridad, que dirige Juan Pino, contará para 2023 con un presupuesto de $903.1 millones, $56 millones más que el del año que está por finalizar. Es decir, recibirá exactamente lo que había solicitado Pino cuando sustentó su presupuesto en septiembre pasado, cuando todavía no se habían comunicado los nuevos ascensos.
En ese momento, Pino dijo que el 85% del presupuesto del Minseg para 2023 corresponde a servicios personales, salarios y prestaciones de los 35 mil funcionarios que componen la Fuerza Pública, mientras que el 15% restante contempla servicios básicos, viáticos, reparaciones de equipos de transportes (aéreos, navales y terrestres), seguros de salud y de vida, uniformes y combustible de las cinco dependencias que tiene este ministerio.
Los ascensos -al menos en la PN- deben cumplir con lo establecido en la Ley 18 de 3 de junio 2017 y del reglamentos de ascensos de la PN de 2007, en los que se precisa que, para ser promovido, el agente beneficiado debe acreditar su antigüedad, actitud para el cargo y formación profesional.
Revocan ascensos
En agosto de 2019, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia anuló varios ascensos ordenados durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
En esa ocasión, la decisión de la Sala Tercera de la Corte, con ponencia del magistrado Carlos Vásquez, precisó que el Minseg violó la ley orgánica de la Policía, que regula los ascensos y méritos de miembros de la institución.
Según el magistrado Vásquez, el Minseg incumplió con el requisito específico que se exige para el nivel de oficiales, por lo que dichos ascensos son nulos.
Más recientemente, el 13 de noviembre de 2022, la Sala Tercera también anuló otro grupo de ascensos de mayores y tenientes, realizados en 2015, 2016 y 2017. Entre estos figuran los otorgados a la mayor Mayinda De Gracia y a los tenientes Oliver Morales y Leonor E. Miranda.
Entonces se observó que hay casos muy puntuales en que también se produjo el reintegro de funcionarios que tenían hasta 20 años fuera de la institución, quienes fueron reinsertados con el mismo rango y luego promovidos.
Por estos casos, la Fiscalía de Cuentas también abrió una investigación ante una posible lesión patrimonial ocasionada al Estado.
La fiscalía, en abril pasado, remitió una nota a la Contraloría General de la República en la que solicitó una auditoría, tras enumerar una serie de irregularidades en los ascensos a favor de oficiales de la Policía Nacional, luego que se dieran los primeros fallos de la Sala Tercera de la Corte.
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