El juicio a 25 personas (entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela) por presunto blanqueo de capitales, en el caso de los sobornos de Odebrecht, ahora será después de las elecciones de mayo de 2024 y del cambio de administración gubernamental.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales (a cargo de la juez Baloisa Marquínez) comunicó que el juicio será del 15 de julio al 23 de agosto de 2024. Como fecha alterna, la juez estableció la fecha del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2024.
La decisión la adoptó la juez Marquínez luego de concluir con la valoración de todas las pruebas que fueron admitidas (o rechazadas) que serán presentadas en el juicio, y que han sido aducidas por la Fiscalía Especial Anticorrupción, los abogados defensores y el querellante particular, que en este caso es el Estado panameño, representado por el Ministerio de Seguridad Pública.
Así consta en el Auto Vario 162 emitido el 27 de septiembre de 2023, el mismo día en que debía haber comenzado el juicio, pero que tuvo que ser pospuesto la víspera, precisamente porque la juez no había emitido el auto sobre la admisión de las pruebas.
El documento tiene 484 páginas.
En las elecciones del 5 de mayo de 2024, Martinelli (que ya tiene una condena de primera instancia de 120 meses de prisión, por blanqueo de capitales en el caso New Business) aspira a competir como candidato presidencial. Varela, en tanto, quiere ingresar al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En este caso están imputados exministros, testaferros, políticos y otros allegados al poder.
No puede haber justicia en Panamá, cuando se dilatan los procesos de esta manera. La impunidad es lo que más contribuye a crear el ambiente de descrédito hacia la Democracia y la política. pic.twitter.com/ZbbDSfdMyK
— José Isabel Blandón (@BlandonJose) September 28, 2023
Entre las pruebas admitidas por la juez está el acuerdo de pena acordado por Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente, en la Corte del Distrito Este de Nueva York. En este acuerdo, Ricardo Alberto y Luis Enrique aceptan la pena de tres años de prisión y aceptan haber cometido el delito de conspiración para lavar las coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense. Ambos confesaron, además, que actuaron siguiendo órdenes de su padre.
El acuerdo de pena ha sido requerido por las vía correspondiente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería gestionó la solicitud formal para que el Departamento de Justicia estadounidense expida una copia certificada del mismo, el cual será traducido al español.
También fueron admitidos como prueba los acuerdos de pena pactados con Olmedo Méndez, Jorge Espino, José Luis Saiz, Andés Moses, Mauricio Cort, Raúl de Saint Malo, Humberto De León, Eduardo Patrao, Daysie Villarreal, Carlos Ho, Freddy Barco Vera y Timothy Lynn, así como los acuerdos de colaboraciones con Gabriel Alvarado Far, André Rabello, Olivio Rodríguez, Luis Da Rocha Soares, Amado Barahona, Ramón Carretero y Max Harari. Todos estos acuerdos fueron validados en su momento por la juez Marquínez.
Rabello fue intendente de Odebrecht en Panamá y Rodríguez y Da Rocha ejercieron como colaboradores de la empresa. Todos confesaron haber repartido coimas a funcionarios y políticos panameños, a cambio de contratos con el Estado.
La juez también admitió el testimonio de Rabello, a través de videoconferencia, a solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción. La fiscalía también solicitó el testimonio de la mayoría de los delatores y excolaboradores de Odebrecht, para que expliquen como era el “mecanismo” utilizado por la firma para acercarse a los funcionarios panameños y las personas allegadas a estos, para transferir los fondos de Odebrecht.
En cambio, la juez negó las pruebas testimoniales de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell; la exfiscal anticorrupción Zuleyka Moore; el excontralor Federico Humbert, y los exministros de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino y Dulcidio de la Guardia, entre otros.
Tampoco admitió los testimonios de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ambos imputados, que serán procesados por el pleno de Corte Suprema de Justicia, dado que en julio pasado fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
