Tras poco más de 75 horas de sesión en las que se escucharon los alegatos de 12 abogados y dos fiscales, culminó el juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el año 2010.
El Ministerio Público pidió la pena máxima para 13 personas, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), así como un fallo absolutorio para dos imputados: Jack Btesh Hazan y su hijo Salomón Btesh Btesh.
El expediente que se inició en el año 2017, a raíz de unos señalamientos del entonces diputado panameñista Jorge Iván Arrocha en el período de incidencia en la Asamblea Nacional, consta de 176 tomos.
Según cifras del Órgano Judicial, se registraron 350 mil visualizaciones de la audiencia en las plataformas audiovisuales por las que se transmitió el juicio. El acto fue retransmitido por el canal de YouTube de La Prensa.
La tarde de este viernes 2 de junio, la jueza segunda liquidadora de causas penales Baloisa Marqínez anunció que se acogió al término que le permite la ley para dictar sentencia. El artículo 2408 del Código Judicial, relativo a sentencias en primera instancia, establece que una vez se cierra el proceso, “la sentencia será dictada dentro del término de 10 días, salvo que, por su complejidad y extensión, se requiera de un término mayor, el cual no excederá de 30 días”.
Marquínez, en atención al artículo 2484 del mismo código, dijo que aún quedan algunas diligencias que deben ser completadas, así como la transcripción del juicio, para luego hacer una valoración del caudal probatorio presentado y tomar una decisión.
En tanto, el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, aseguró que se probó el delito de blanqueo de capitales a través de la captación de fondos provenientes de contratos del Estado, que fueron depositados en la cuenta canasta de la sociedad New Business Services, en Global Bank. Esos dineros se utilizaron para comprar las acciones de Epasa. Esa cuenta canasta registró depósitos por $43.9 millones, en los últimos 15 días del año 2010.
El fiscal dijo que espera la aplicación de una sanción ejemplar para los responsables y que se trata de un delito grave que conlleva hasta 18 años de prisión, si se aplica la pena máxima, dado que se trató de un delito continuado.
Ayer viernes, en el noveno y último día de juicio (que empezó el 23 de mayo pasado), el primer abogado en tomar la palabra en el juicio fue William Parodi, defensor de Vernon Salazar, un trabajador de la firma Quijano & Asociados que además figura como director nominal de la sociedad Condotte Panamá, una contratista del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) en el gobierno de Martinelli.
La fiscalía atribuye a Salazar haber entregado un cheque por $600 mil a la cuenta de New Business. Esos fondos, según consta en el expediente, eran producto de un adelanto entregado a Condotte para la construcción de la ciudad deportiva de Colón.
Parodi alegó que como director nominal, su cliente no firmaba los cheques expedidos por Condotte y que el citado cheque fue firmado por Janeth Vásquez, la directora de cobros de esa empresa, quien también está imputada en esta causa.
Según Parodi, en el proyecto de la ciudad deportiva de Colón no se estableció que hubo una lesión patrimonial al Estado, por lo que alega que no existe delito precedente al blanqueo de capitales que se le atribuye a su defendido. Además, alegó que ninguno de los testigos protegidos ni quienes alcanzaron acuerdos de colaboración han mencionado a Salazar.
Luego correspondió el turno al abogado Rodolfo Palma, defensor de Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, quien alegó que no hubo blanqueo de capitales, sino una transacción de negocios lícita.
Palma explicó que la fiscalía atribuye responsabilidad en sus clientes por haber recibido un anticipo de $1.9 millón por los avances en el proyecto de construcción de un edificio de oficinas en la Asamblea Nacional, pero que en esa transacción no hubo nada irregular y que prueba de ello es que no se determinó la existencia de una lesión patrimonial.
“Es irrelevante si se le da un uso distinto al millón de dólares que recibió Grupo Clio de la Asamblea Nacional. Lo que importa es que la obra fue entregada y recibida a satisfacción”, consideró.
Grupo Clio es la empresa que utilizó Nicolás Corcione para depositar $1 millón en la cuenta canasta de New Business, supuestamente a cambio del 3% de las acciones de Epasa, las cuales nunca recibió. Ese dinero lo recibió Grupo Clio de Constructora Corcione, quien a su vez lo recibió como anticipo por su contrato con la Asamblea.
Palma también se quejó de la no comparecencia de los testigos de la fiscalía y que no pudieron ser interrogados por los abogados de la defensa. En varias ocasiones, la fiscalía ha dicho que la declaración de esos testigos consta en el expediente y que eso era de conocimiento de los defensores de los imputados.
Luego hizo uso de la palabra Abril Arosemena, abogada de Iván Clare Arias, fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), en donde se realizó una transferencia de $2 millones de la cuenta de High Spirit a New Business. Según Arosemena, Clare, como gerente general de FP, se limitó a autorizar una transacción que ya había sido examinada y avalada por otros oficiales de la casa de valores. La abogada se quejó porque su cliente está imputado, mientras que el resto del personal de FP fue beneficiado con un sobreseimiento. También dijo que su defendido siguió instrucciones del dueño de la cuenta de High Spirit, que sería Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli.
Arosemena alegó que Clare ni siquiera conoce a Mizrachi, quien también está imputado.
Además, destacó que el proceso que en su momento adelantó la Fiscalía Séptima Anticorrupción sobre la cuenta High Spirit y la casa FP por delitos financieros, fue cerrado por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales. Sobre este punto también aludió Basilio González, defensor de Ronny Mizrachi, a quien correspondió hacer sus alegatos justo después de la abogada Arosemena.
González sostuvo que los cargos contra su cliente carecen de fundamento, ya que no hay nada ilegal en las transacciones realizadas desde la cuenta High Spirit. Dijo que High Spirit adquirió acciones de Petaquilla Minerals y que parte de esas ganancias fueron enviadas a New Business, pero alega que eso no constituye delito alguno.
Por su parte Arturo Saurí, abogado del imputado Iván Arturo Arrocha, personaje ligado a Condotte Panamá, explicó que la decisión de emitir el cheque de $600 mil que esa sociedad depositó en la cuenta canasta de New Business fue de los dueños de la empresa y no de él.
También reconoció que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por presunto peculado por las supuestas anomalías en el proyecto de la ciudad deportiva de Colón, pero que Arrocha no está imputado en esta causa. Saurí alegó que incluso Condotte le ganó un arbitraje al Estado panameño por haber incumplido en los pagos del contrato. Si ello es así, dijo, entonces, ¿cómo pudo existir una lesión patrimonial?
Durante el juicio, que inició el pasado 23 de mayo, se escucharon 19 pruebas testimoniales y cuatro periciales, y se escuchó los alegatos de 12 abogados defensores y dos fiscales. Martinelli nunca se presentó personalmente y, en su lugar, entregó un certificado médico de incapacidad. No obstante, en su cuenta en Twitter, ha estado emitiendo opiniones sobre el juicio y cuestionando la actuación de la juez Baloisa Marquínez.
El tribunal estuvo resguardado por un contingente de unos 30 agentes policiales, que se encontraban desplegados en las afueras del Palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón.
El expediente, que consta de 176 tomos, contiene las declaraciones de testigos, peritos, informes periciales, información bancaria y asistencias judiciales sobre los fondos aportados para la compra de Epasa.
Según el Ministerio Público, Martinelli “contactó a contratistas, aportó dinero” y resultó “beneficiario” al ser el “tenedor del 60% de las acciones” de la editorial.
