Luego de cuatro intentos en el Órgano Judicial y otro tanto en los tribunales ordinarios, finalmente la exdiputada perredista Zulay Rodríguez fue imputada por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en el caso de la apropiación de las láminas de oro pertenecientes al fallecido mexicano José Luis Penagos.
La audiencia de imputación se celebró este lunes 28 de octubre de 2024, ante el juez de garantías Fermín Bonilla.
Durante el acto, el juez Bonilla acogió la imputación de cargos presentada por la fiscal Elizabeth Carrión por la supuesta comisión del delito de estafa agravada, pero declaró prescrita la acción penal por el delito de asociación ilícita para delinquir.
La prescripción de ambos delitos había sido solicitada por el abogado Félix Humberto Paz, defensor de Rodríguez, por considerar que han pasado más de 10 años de haberse cometido el hecho investigado.
El juez solo acogió la solicitud de prescripción en el caso de delito de asociación ilícita, que tiene una pena de 3 a 5 años de prisión. En el caso de la estafa agravada −que tiene una pena de 5 a 10 años de prisión−, ésta se habría materializado en el año 2018, cuando se entregaron las láminas de oro a Rodríguez.
El juez decretó un receso hasta las 2:00 p.m., para dar tiempo a que Juan David Penagos, hijo del fallecido comerciante mexicano, se una a la audiencia, aunque sea vía virtual.
La defensa alega que Penagos hijo desistirá de su reclamo, pero el juez necesita que el denunciante le comuniqué eso de forma directa.
Durante el desarrollo de la audiencia, el juez Bonilla llamó en varias ocasiones la atención al abogado defensor de Rodríguez, debido a que, en la fase de repreguntas a la fiscalía, intentaba introducir elementos que corresponden a la fase intermedia del proceso.
Mientras tanto, en el exterior de las instalaciones judiciales donde se llevaba a cabo la audiencia, un grupo de personas se manifestaba con carteles pidiendo que se desestimen los cargos contra la exdiputada perredista.
José Luis Penagos, antiguo cliente de Rodríguez, la contrató en 2013, cuatro años después de haber sido detenido en el Aeropuerto de Tocumen por transportar 68 kilos de láminas de oro no declaradas. En vida, Penagos acusó a la exdiputada de quedarse con su oro, aunque ella sostiene que dicho oro fue el pago por sus servicios profesionales.
En relación a este caso, existe una segunda carpeta de investigación en la que están implicados Álvaro Testa y Rafael Araúz, esposo y socio de Rodríguez, respectivamente, así como Luz Eneida Canto, madre de Araúz.
La fiscalía ha emitido órdenes de conducción contra Testa y Araúz para que comparezcan y enfrenten el proceso.
