El fiscal anticorrupción Edwin Juárez argumentó que la juez Agueda Rentería no valoró en debida forma las pruebas aportadas en el proceso seguido a cinco exministros por el delito de peculado, relacionado con el uso de horas de vuelo por varias entidades públicas, que fueron pagadas con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En su escrito de apelación, presentado ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el fiscal alega que la juez Rentería dejó de considerar una serie de pruebas en el fallo que absolvió a 14 personas, entre ellos los exministros Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social), Javier Díaz (Salud), Oscar Osorio (Desarrollo Agropecuario), Emilio Kieswetter (Desarrollo Agropecuario) y Franklin Vergara (Salud), así como al exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, y al administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Franklin Oduber.
Según el fiscal Juárez, la juez Rentería no valoró la declaración rendida por el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien expresó que los paquetes para el pago de las horas de vuelo llegaban directamente de los ministerios y que los ministros eran quienes seleccionaban las empresas que prestarían el servicio.
En la apelación Juárez presentó la declaración jurada hecha por Guardian Jaén, en la que detalla que eran los ministros quienes entregaban al PAN la lista de las empresas a las que se debían pagar los vuelos contratados tras realizar giras al interior del país.
Así mismo el fiscal argumentó que la empresa Cabin Corp, a la que se realizaron pagos por servicios de transporte aéreo, no mantenía certificado de explotación ni autorización para explotar servicios aerocomerciales de transporte aéreo público de pasajeros, carga o trabajos aéreos, hecho que tampoco fue tomado en cuenta por la juez en su fallo.
A su vez, alega que la juez tampoco tomó en cuenta la declaración del testigo protegido Euro 14, quien relató que los precios de las horas de vuelo fueron fijados al doble de lo que cotizaban las empresas del mercado -entre $1,500 y $1,800 por hora-; al PAN se les facturaba en $2,500 y $3,000 la hora.
Recalcó que Euro 14 además reveló que a Rafael Guardia le daban un 50% por las órdenes de compra por servicios de vuelo no prestados, y por servicios prestados al PAN que incluían sobrecostos.
El fiscal también explica que la juez no ponderó las declaraciones de los funcionarios del PAN Betsaida Ceballos de Zapata, Nancy Anette Díaz Gibbs, María Cristina Jiménez y Víctor Manuel Becerra, quienes de uno otro modo señalaron las irregularidades que se estaban dando con los cheques de los pagos de las horas vuelo.
Además, cita que el contenido del informe del auditoría de la Contraloría General de la República que reveló que a los auditores de esta entidad no se les dio acceso a las bitácoras de vuelo de las aeronaves contratadas, y que la verificación de los cheques y órdenes de pago relacionadas con las horas vuelo arrojó una lesión patrimonial de $10.1 millones.
El fiscal concluye que la sentencia absolutoria no fue motivada conforme a la realidad de los hechos presentados durante el juicio y que probaron la malversación de fondos que le pertenecían al erario público, a través de los ministerios de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social y de Salud, así como la Autoridad Nacional de Tierras y el Sistema Nacional de Protección Civil, con el propósito de pagar servicios de horas de vuelo que no pudieron ser sustentados.
