El fiscal superior, Uris Vargas, solicitó el llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, utilizada para la compra de Editora Panamá América (Epasa).
A las 9:05 a. m. de este martes 29 de noviembre la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, declaró abierta la sesión y correspondió a la fiscalía presentar sus alegatos.
El fiscal Vargas sustentó su petición en las declaraciones de los españoles Julio Casla García y Eugenio Del Barrio Gómez, directivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ofrecidas el 24 de junio de 2019 en la Embajada de Panamá en Madrid.
En ese testimonio señalan que Martinelli los contactó a través del abogado Mauricio Cort y se les informó que todas las facturas pendientes de pago de la empresa en Panamá tendrían un recargo del 10%.
En ese momento FCC tenía a su cargo el proyecto de la Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud).
Según el fiscal, tanto Casla como Del Barrio, confirman que Martinelli solicitó la entrega de un 10% para el aceleramiento de los procesos administrativos relacionados con los proyectos de FCC.
Durante su intervención, Vargas mostró a la jueza Marquínez parte de las declaraciones de Del Barrio y Casla, en las que ambos confirman la entrega del 10%. Admiten que esta fue una “imposición” que si no la atendían implicaba que no cobrarían la deuda en el país. Eso significaría retrasos en todos los procesos y proyectos y lo peor: que finalmente no podrían trabajar en Panamá.
Confirman que Martinelli daba las instrucciones
Durante la audiencia, en la que Martinelli no estuvo presente, el fiscal también presentó declaraciones de varios colaboradores de la fiscalía, quienes confirmaron que el exmandatario los contactó para que formaran parte de la operación para la compra de Epasa.
El fiscal también presentó la declaración de un colaborador identificado como FECDO2-2020, quien dijo haber estado en un reunión en la Presidencia de la República entre Martinelli y Del Barrio y que el exmandatario le requirió al español un porcentaje sobre todas sus obras en Panamá, incluyendo el proyecto de la Ciudad Hospitalaria. Además, que el intermediario para ese tema era Riccardo Francolini.
Vargas aportó durante su alegato evidencias de cómo se habría gestado la compra de Epasa con millones de dólares del Estado, canalizados a través de la sociedad New Business. Según dijo, ese dinero provenía de contratos otorgados a distintas empresas y sociedades para la ejecución de obras públicas. El fiscal mencionó específicamente el contrato para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Nacional, otorgado en 2010 a la empresa Constructora Corcione. Igualmente, mencionó el caso de la empresa Transcaribe Trading (TCT) a la que se le adjudicó el contrato para la remodelación, diseño y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera. Presuntamente esta empresa también aportó a la canasta fondos asignados originalmente para el proyecto con el Estado.
Sobre este aspecto refirió la declaración rendida por Danny David Cohen, quien -tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la fiscalía- admitió que en 2000 recibió dinero de parte del David Ochy y posteriormente lo remitió a la cuenta No 01-12-000087-6, a nombre de New Business Service Limited para la compra de Epasa, previa solicitud de Gabriel Btesh Btesh, a quien Martinelli le habría requerido dicha gestión.
Explicó que de la sociedad Fursys Latin Corp Inc. recibió la suma de $300 mil y de Silver Bell Financial Corp $350 mil. Estas sumas provenían de TCT, propiedad de David Ochy y que luego fueron remitidas, de manera íntegra, en diciembre del 2010, a la cuenta de New Business.
Otra de las evidencias aportadas en la audiencia por parte de la fiscalía es la declaración del colaborador Gabriel Btesh, quien reveló que en diciembre del 2010 fue contactado por Martinelli para pedirle que recibiera unos montos de dinero de parte de David Ochy y que posteriormente lo traspasara hacia la cuenta de New Business para la compra de Epasa. Luego, según su confesión, llamó a Ochy y le dijo que tenía instrucciones del presidente Martinelli para enviarle la suma $300 mil para que luego los depositara en la cuenta de New Business para la compra de Epasa.
Además, dijo que para justificar dichas transacciones firmó el 15 de diciembre de 2010 un contrato de inversión ficticio con Martinelli.
La fiscalía también leyó extractos de la indagatoria de Nicolás Corcione, el 5 de abril de 2018, quien declaró que el propio Martinelli lo invitó, en diciembre de 2010, a participar en la compra de Epasa.
Corcione contó que aportó un millón de dólares, siguiendo instrucciones de Martinelli. Aunque a cambio no le dieron ninguna acción; Corcione “entendía que era el 3%”, dijo el fiscal.
Para Vargas estos detalles revelan que hubo toda una estrategia montada para la compra de Epasa con la participación de muchos allegados al expresidente. Y que para ello usaron empresas como Constructora del Istmo, TCT, Constructora Corcione y Asociados S.A. y la liquidada casa de valores Financial Pacific.
La teoría de la conspiración política de Camacho
Por su parte, Luis Eduardo Camacho González, abogado defensor de Martinelli, alegó que todas las declaraciones que reposan en el expediente en contra de su cliente “no sirven”. Mencionó que hay imputados que han cambiado su testimonio porque tienen un acuerdo de colaboración en el que participó, como abogado, William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, enemiga de su cliente.
“Como comprenderá, juez, se trata de un proceso político”, ya que, según Camacho, los periódicos de su cliente “eran los únicos” que criticaban la gestión del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
Camacho sostuvo que su cliente aportó dinero de su propio bolsillo para la compra de los periódicos y de ello pueden dar fe documentos bancarios en donde se aprecian esas transacciones; “no entiendo porqué hablan de blanqueo de capitales”.
Camacho concluyó su alegato solicitando un sobreseimiento definitivo para Martinelli, ya que, a su juicio, no hay pruebas que lo vinculen al delito bajo investigación.
Acto seguido, la jueza se refirió a los tres elementos que, según Camacho, motivarían la nulidad del proceso: el pretendido principio de especialidad, la presunta inmunidad en el Parlacen y el defenestrado fuero electoral penal. No obstante, Camacho advirtió que no había sustentado esas aseveraciones como incidentes, sino como parte de su discurso de alegato, razón por la cual la juez no se pronunció al respecto.
Decidió declarar cerrada la sesión a las 11:05 a.m. y se acogió al término de 30 días para emitir un veredicto sobre si llama a juicio al expresidente, tal y como ya lo hizo con 20 personas más, protagonistas de esta historia.
