La fiscal anticorrupción Ada Almanza solicitó una sentencia condenatoria para el exalcalde del distrito de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino (2009-2012), y los exfiscalizadores de la Contraloría General de la República, Luis Stanziola y Noris Castañeda.
En el juicio que inició a las 9:00 a.m. de ayer, la fiscal Almanza detalló que Vallarino y los exfuncionarios de la Contraloría incurrieron en serias irregularidades en la aprobación de dos contratos para la realización de un estudio para el manejo de desechos hospitalarios a un costo de $250 mil y otro para la instalación de un sistema de vigilancia, por $98 mil.
La fiscal Almanza alegó que Vallarino incumplió su deber de fiscalizar la ejecución de los dos contratos de consultoría, que sumaban $348 mil.
Los abogados defensores presentaron una solicitud de prescripción de la acción y un recurso de nulidad, que serán resueltos por el juez al momento de dictar sentencia.
En la audiencia preliminar de este caso, celebrada el pasado 9 de agosto, ya se declaró la prescripción de los cargos por estafa imputados a Juan Carlos Galesio y Alexis Pinzón –ligado a una de las empresas consultoras–, pues la pena máxima por ese delito es de 6 años de prisión y, a la fecha, han transcurrido al menos 10 años desde que ocurrieron los hechos investigados. Además, en esa audiencia, se negó un recurso de prescripción a favor de Vallarino, ya que el delito de peculado agravado tiene pena máxima de 15 años de cárcel y ese plazo no se ha cumplido.
El exsecretario general de la Alcaldía de Panamá, Jaime Barroso, también fue procesado, pero su caso no llegó a juicio, pues interpuso con éxito un recurso de nulidad.
La investigación se inició por auditorías efectuadas por la Contraloría en 2013.
El juez primero liquidador suplente especial, Miguel Martínez, se acogió al término de 30 días para dictar una sentencia.
Vallarino mantiene otro proceso penal por la presunta comisión del delito de corrupción. Por ese caso, fue enjuiciado el pasado 31 de enero y ahí también la Fiscalía Anticorrupción solicitó su condena.
Este último caso guarda relación con una declaración del brasileño Alexandre Ventura Nogueira, que acusó a Vallarino de recibir una coima de $6 mil a cambio de otorgar contrato para la construcción de estacionamientos soterrados en el parque Belisario Porras. En febrero de 2015, durante una entrevista televisiva, Vallarino admitió haber recibido el dinero, lo que originó la apertura de la investigación.
Durante ese juicio, que se realizó en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, el fiscal Ariel De Gracia señaló que Vallarino tenía una clara responsabilidad penal y que esto se estableció en el video difundido en los medios de comunicación en el que el imputado aceptó su participación en el hecho. El fiscal también se opuso a una solicitud de nulidad presentada por Héctor Bonilla, abogado de Vallarino, quien alegó una presunta prescripción.
