El fiscal anticorrupción, Ariel De Gracia, solicitó a la jueza primera liquidadora, Agueda Rentería, una sentencia condenatoria para el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y para el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburelli por la presunta comisión del delito de peculado por la pérdida de una máquina pinchadora en el año 2014.
Durante el juicio celebrado ayer 31 de octubre en la sede del palacio de justicia Gil Ponce, en Ancón, el fiscal De Gracia alegó que en la investigación se pudo determinar la responsabilidad de ambos funcionarios en el delito de peculado por malversación.
También explicó que a la jueza se le presentaron elementos probatorios que demuestran la pérdida del equipo informático, con el que se podían realizar trabajos de geolocalización de teléfonos celulares.
En tanto, Alfredo Vallarino, abogado defensor de Gustavo Pérez, detalló que a su cliente se le ha querido vincular con la pérdida de un software supuestamente usado por funcionarios del CSN, del que la fiscalía no tiene certeza de cuándo se extravió y ni el momento en que ello ocurrió.
Vallarino explicó que incluso los testigos de la fiscalía relataron que dicho software tenía la licencia vencida.
Además, precisó que cuando se adquirió en 2010 este equipo su cliente no era parte del Ministerio de la Presidencia ni del CSN, por lo que no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad penal.
El exdifector del Pan Giacomo Tamburrelli no estuvo presente en el juicio, pero estuvo representado por la abogada Argelis Escudero.
A la audiencia no comparecieron los exfuncionarios del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, señalados por varios testigos como las personas encargadas de sacar los equipos del CSN.
Rodríguez y Pittí fueron declarados en rebeldía y para ellos se suspendió la prescripción de la acción penal, por lo que una vez sean ubicados por los estamentos de seguridad deberán ser puestos a órdenes del juzgado y sometidos a juicio.
Rodríguez y Pittí, quienes tampoco comparecieron en el proceso que se les siguió en el caso de los pinchazos del cual fue absuelto el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron señalados como los encargados del manejo de los equipos y de asignar los blancos que serían objeto de espionaje.
En el caso de Rodríguez un testigo protegido lo señaló como la persona encargada de entregar los informes de las escuchas en la Presidencia de la República.
Por este caso Pérez y Alejandro Garuz fueron condenados a la pena de 50 meses de prisión, pero dicha sentencia no se encuentra firme tras la presentación de un recurso de casación que se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Pérez y Garuz fueron condenados por esta causa en enero de 2019, por el entonces juez decimosexto penal, Enrique Pérez.
En junio del 2021 Pérez y Garuz recurrieron a la Sala Penal de la Corte para invalidar la condena impuestas por el juez decimosexto penal.
Este recurso aún no ha sido fallado por la Sala Penal de la Corte.
En esta investigación también figuraba Martinelli, pero como al inicio de las pesquisas este era diputado del Parlamento Centroamericano, su caso fue a la Corte, que luego declinó su competencia a la esfera ordinaria cuando el exmandatario renunció a su condición de diputado.
