La audiencia preliminar del caso Blue Apple, que debía celebrarse este lunes 19 de abril de 2021, fue pospuesta para agosto, porque no concurrieron todos los abogados defensores de las 54 personas imputadas.
Solo asistieron 21 de los abogados; nueve no aparecieron o presentaron excusas. Incluso, hubo quien reportó estar contagiado de la Covid-19.
Ahora, la audiencia preliminar quedó agendada del 5 al 25 de agosto.
“Entre más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que prescriban los delitos”, dijo el fiscal Aurelio Vásquez, a cargo de la instrucción del expediente.
También hay que mencionar el hecho de que la sala de audiencia no era suficientemente grande para acoger a todas las partes, conforme las medidas sanitarias en pandemia dictadas por el Ministerio de Salud. El aforo permitido es de 25%. La juez Baloisa Marquínez intentó acomodar más gente en otro salón, pero ese espacio tampoco era suficiente.
La investigación realizada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción dejó al descubierto un esquema de corrupción que involucró a contratistas del sector privado, abogados, banqueros y exministros de Estado y que usó el sistema bancario para blanquear dinero proveniente de sobornos.
La mayoría de estos sobornos fueron pagados en el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). De hecho, dos hijos del expresidente –Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares– están en la lista de imputados. Los hermanos Martinelli Linares están actualmente presos en Guatemala, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, pero fueron notificados de la celebración de la audiencia preliminar.
Se trata de un caso que ha llamado “poderosamente la atención”. ya que involucra a funcionarios que “en algún momento solicitaron ayuda política a contratistas que tenían adjudicados licitaciones con el Estado”, subrayó el fiscal Aurelio Vásquez, a su llegada a la audiencia preliminar.
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Vásquez dijo que “solamente una de las cuentas canastas que fueron creadas justamente para disfrazar y blanquear dinero, está arriba de los 40 millones”. De esto, el Estado, a través del Ministerio Público, pudo recuperar más de 32 millones, precisó.
No obstante, el fiscal dijo que la cifra podría ser superior, ya que hay más cuentas canastas y “pudiera llegar a los 70 millones de dólares”.
En este caso, la fiscalía alcanzó siete acuerdos de colaboración eficaz, informó Vásquez, quien agregó que hay otros en vías de poder realizarse pues en este proceso –que fue abierto en 2017– ha habido “mucha colaboración”.
Esta audiencia, a cargo de Marquínez, debió hacerse el 11 de noviembre de 2020, pero entonces (como ahora) se suspendió, porque algunos imputados no habían sido notificados. La juez Marquínez deberá decidir si la fiscalía aportó suficientes elementos para llamar al estrado a los imputados y así fijar una fecha del juicio de fondo.
A la sala de audiencia no se permitió el acceso de los medios de comunicación, debido a las medidas que se han adoptado en el Órgano Judicial para prevenir los casos de Covid-19.
