La corrupción se ha convertido en un cáncer y “es un delito que se hace en secreto” que tiene como víctima a toda la sociedad y combatirlo requiere de un esfuerzo conjunto de los servidores judiciales con la implementación de diversas técnicas de investigación.
Estas son algunas de las conclusiones a las que arribaron fiscales, jueces y abogados que participaron del Congreso Internacional Anticorrupción que se desarrolló ayer martes en Panamá y del que participaron funcionarios judiciales de Costa Rica, Ecuador, Perú y Panamá.
Los fiscales reconocieron que investigar los actos de corrupción implica en ocasiones enfrentarse con el “poder”, ya que muchas ocasiones quienes incurren en este delito son funcionarios de alta jerarquía, funcionarios judiciales o empresarios muy poderosos.
En ese sentido, el fiscal supremo anticorrupción de Perú, Hernán Mendoza, dijo que combatir la corrupción se ha convertido en un lucha diaria, cuya investigación en muchas ocasiones requiere de la colaboración internacional. Citó como ejemplo el caso Odebrecht, que obligó a replantear los modelos de investigación en varios países.
Mendoza explicó que en su país hay investigaciones por corrupción que involucran a altos funcionarios gubernamentales del poder judicial y la Asamblea.
📹 El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo Salazar inauguró hoy en Panamá, el "Congreso Internacional Anticorrupción" junto a autoridades de @MinSegPma, @ANTAI_Panama y @USEmbPAN. 👇 pic.twitter.com/ZAMAp9cUZ4
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 5, 2023
En tanto, el fiscal anticorrupción de Costa Rica, Ronald Segura, recalcó que es imposible que “la corrupción pública exista sin la corrupción privada” y que se trata de un delito que solo persigue la obtención de dinero público.
Segura planteó que el “único afán de los corruptos es el dinero” y que los fiscales deben estar preparados para enfrentar este tipo de investigaciones.
Mientras que la fiscal anticorrupción panameña Ruth Morcillo aseguró que en los delitos de corrupción la sociedad es la víctima y el imputado usualmente es una persona con poder político, a quien en ocasiones es muy difícil vincular con el ilícito por sus contactos.
Por su parte, la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, hizo hincapié en que la corrupción amenaza la prosperidad de los ciudadanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
López reconoció que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que favorecen el combate de la corrupción y elevan la confianza del ciudadano.
Recordó que el poder judicial debe actuar de manera independiente, sin influencias externas y comunicar de manera transparente la resolución de los casos.
Dijo que en los últimos cinco años el Órgano Judicial (OJ) resolvió 34 casos que involucran a diputados principales, suplentes de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano.
También destacó que en el mismo período la Sala Penal de la Corte logró resolver 205 procesos contra la administración de justicia, peculado, abuso de autoridad y corrupción.
En total se han judicializado 581 funcionarios por delitos de peculado, corrupción y abuso de autoridad en donde el 96% de los investigados fueron sancionados.
