La Fiscalía Anticorrupción adelanta unas 59 investigaciones a nivel nacional relacionados con el manejo irregular de fondos asignados a las juntas comunales.
Las investigaciones están dirigidas básicamente contra representantes de corregimiento y tesoreros municipales, quienes eran los encargados en el manejo de los fondos.
La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo destacó que en algunos casos ya se han realizado imputaciones al corroborarse que en algunas de estas juntas hubo claras irregularidades en el manejo de los fondos asignados y que estaban destinados para la ejecución de proyectos de carácter social.
Morcillo detalló que hay carpetas de investigación abiertas en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá que son objeto de análisis por parte de peritos de las fiscalías anticorrupción.
Explicó que en algunos casos se ha podido determinar la existencia de una lesión patrimonial en perjuicio del Estado y que ese detalle constituye un indicio importante que puede llevar a una responsabilidad penal.
En el caso de las juntas comunales de la provincia de Panamá, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concedió a la fiscalía un año de prórroga para culminar las investigaciones. La extensión se otorgó luego de que la fiscalía determinó que por la complejidad del caso y la presentación de algunos recursos se requería de más tiempo para investigar.
La investigación empezó en el año 2014, a raíz de una serie de publicaciones en medios de comunicación, pero se suspendió por falta de auditoría, pero en el 2018 el contralor Federico Humbert entregó al Ministerio Público 223 caja con información sobre manejo de fondos en las juntas comunales.
La fiscal Morcillo también se refirió a algunas investigaciones que se encuentran en curso en las diferentes fiscalías anticorrupción, relacionadas con los auxilios económicos asignados por el Instituto para Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, los fondos de la descentralización y el bono solidario para esclarecer el rumbo de los dineros, pero no dio mayores detalles de las diligencias realizadas, ya que a la fecha no hay resultados concretos, pero sostuvo que se está solicitando información sobre el uso dado a esos fondos.
Cuestionan el papel de la Contraloría
Ese sentido, el abogado y candidato a diputado por el Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, aseguró que es lamentable que la Contraloría General de la República no haya ordenado la realización de auditorías sobre el uso de los fondos dados a los auxilios económicos del Ifarhu, la descentralización y el bono solidario.
Cedeño alegó que a pesar de las denuncias y requerimientos presentados para conocer el uso dado a estos recursos, el contralor Gerardo Solís se ha resistido a ordenar auditorías que podrían arrojar luz sobre estos casos.
Consideró que esa actitud fomenta la impunidad y evita la rendición de cuentas de funcionarios encargados del manejo de fondos de todos los panameños.
En tanto, el excontralor Alvin Weeden consideró que si el control previo que ejerce la Contraloría falla, ya sea por errores administrativos o conductas que se pueden calificar como delictivas, entonces se debe recurrir a la realización de auditorías para conocer el manejo de los fondos.
Weeden estimó que la Contraloría debe ejercer su rol fiscalizador de forma exhaustiva para el buen uso de los fondos públicos y aplicar los correctivos pertinentes cuando se detecta alguna anomalía.
