La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la compra de ventiladores usados para pacientes de Covid-19.
Esta acción se da luego que en una publicación de La Prensa se revelara que costosos ventiladores mecánicos que estuvieron “mucho tiempo en bodega”, con daños, incompletos, softwares desactualizados y sin garantías, cuya manufactura data del 2013 y 2014, llegaron a cuatro hospitales públicos por órdenes de la Presidencia de República.
En la investigación periodística se pudo corroborar que por intermedio de cartas -a las que tuvo acceso este medio- el personal de Biomédica de cuatro hospitales locales reportaron múltiples irregularidades con los equipos recibidos en marzo y abril pasado, hechos que fueron del conocimiento de la entonces ministra de Salud, Rosario Turner.
Todo era parte de una compra de 53 ventiladores, por $2.3 millones.
La compra del Estado de 32 ventiladores fue hecha a Primo Medical Group Corp, que de acuerdo a la información, no estaba autorizada para la venta de equipos del fabricante alemán Dräger, y tampoco está en la lista de oferentes de equipos de cuidados intensivos, según las cartas.
