La Fiscalía Anticorrupción de Descarga presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Primero de Liquidación de Causas Penales, a cargo de Agueda Rentería, que archivó provisionalmente el caso de presuntas irregularidades por el alquiler de helicópteros con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La fiscalía no está de acuerdo con la valoración que hizo la jueza Rentería del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó una posible lesión patrimonial por más de $10 millones.
Edwin Juárez, fiscal superior Anticorrupción de Descarga, dijo que la apreciación que hizo la jueza del informe de auditoría no debió hacerse en esta etapa, ya que esto correspondería a la etapa plenaria, luego de evacuada la respectiva audiencia ordinaria.
Agregó que está sorprendido de que la jueza “se haya adentrado a apreciar el mérito probatorio de tal informe pericial en una etapa en la que solamente corresponde ventilar la calificación legal del mérito del sumario”.
Respecto al planteamiento de la jueza de que la declaración del testigo protegido Euro14 no fue corroborada por otros testimonios, Juárez señaló que lo que ese testigo describe reviste de elementos de intencionalidad a la hora de contratar a cuatro empresas de aviación para dar el servicio.
Euro14 habló de irregularidades y sobrecostos en el otorgamiento de estos contratos.
Hay que recordar que en febrero de 2015, el exdirector del PAN, Rafael Guardia, declaró que cuatro empresas eran contratadas a $3 mil la hora-vuelo, a pesar de que el precio promedio en el mercado local era de $1,800 la hora. Según Guardia, ministros y directores elegían siempre a las mismas empresas.
En el fallo, con fecha del 26 de abril, el juzgado dictó sobreseimiento provisional para 18 personas entre exfuncionarios y particulares que fueron investigadas en este caso por la presunta comisión del delito contra la administración pública y contra el patrimonio económico. Entre los exfuncionarios que se benefician con la medida figuran los exministros Guillermo Ferrufino, Óscar Osorio, Franklin Vergara, Javier Díaz y Emilio Kieswetter.
En diciembre de 2018, este caso había sido cerrado por el entonces juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, al declarar la nulidad por supuestas violaciones al debido proceso. No obstante, en febrero de 2021, el Segundo Tribunal de Justicia revocó la decisión de Loaiza.
El informe de auditoría
Un informe de la Dirección de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría General de la República determinó que, entre 2010 y 2014, el alquiler de aeronaves por parte del Estado habría causado un perjuicio económico al patrimonio del Estado por un monto de 10.1 millones de dólares. Los contratos los tramitaban distintas instituciones, pero los pagos los hacía el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (hoy Dirección de Asistencia Social).
