El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Anticorrupción, avanza en por lo menos siete investigaciones por posibles delitos contra la administración pública, relacionados con presuntas irregularidades en contratos, sobrecostos y el uso de bonos solidarios en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
Fuentes del MP confirmaron que una de las primeras pesquisas que se iniciaron data del pasado 3 de abril, después de que en redes sociales fue denunciada una persona que mostraba cientos de vales entregados por el gobierno para hacer frente a la crisis. En este proceso, la fiscalía busca información sobre la transacción de dichos bonos.
Para el 17 de abril, el MP abrió una investigación por el proceso de licitación realizado por la Caja Seguro Social (CSS) para la contratación de una empresa que se encargaría de la actualización e implementación de un dispensador automatizado de medicamentos, contrato adjudicado a una empresa mexicana por $168 millones, aunque después fue suspendido.
Hasta el momento, personal de la fiscalía ha solicitado una serie de diligencias a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) respecto a las empresas licitantes.
Asimismo, ofició solicitudes a los ministerios relacionados con el proceso para tener información precisa sobre la contratación.
En tanto, el 28 de abril el MP informó a través de un comunicado sobre la apertura de una investigación por la compra de dos millones de botellas de gel alcoholado por 13 millones de dólares, caso en el que se sospecha de posible sobrecostos.
En este proceso, la fiscalía ha girado oficios a diversas instituciones gubernamentales, que aún no han sido respondidos.
A partir de esta información, la fiscalía espera generar las citaciones correspondientes.
El 25 de abril, la fiscalía anticorrupción abrió un proceso por la compra de 100 ventiladores Allied 300 para pacientes con coronavirus.
Esta contratación sería por el orden de 5.2 millones de dólares, aunque fue frenada. En este caso, se investiga si hubo sobrecostos en el proceso para la adquisición de los equipos por parte del Ministerio de la Presidencia.
Como parte de este proceso, hasta ahora se han tomado entrevistas a funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), no así al cuerpo de asesores. Además, la fiscalía dirigió notas al Minsa sobre la gestión de los ventiladores.
En otros tres casos abiertos por el MP, las diligencias se iniciaron luego del levantamiento de la suspensión de los términos judiciales el pasado 22 de junio en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Uno de estos casos se relaciona con la compra de 7 mil mascarillas por parte de la Asamblea Nacional a un costo de $2.50 por unidad, proceso en el que se investiga también supuestos sobrecostos.
Además, el MP abrió una investigación por el extravío de varias cajas con mascarillas en el Hospital Santo Tomás. Por este caso, ya se formularon cargos a un ciudadano de nacionalidad colombiana por la presunta comisión del delito de aprovechamiento de cosas procedentes del ilícito.
Estos dos últimos casos fueron abiertos en abril pasado.
Finalmente, el 25 de mayo se dio el inicio a una investigación de oficio por la posible comisión de delitos contra la administración pública en el contrato para la construcción del Hospital Modular de Albrook para pacientes con Covid-19.
