El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició este lunes 3 de junio el juicio a 196 personas por la presunta comisión del delito de peculado por el manejo irregular de fondos en el proceso de compensación de buses tipo de ‘diablos rojos’, que presuntamente ocasionó una lesión patrimonial de $24 millones al Estado.
El juicio, que debido al gran número de imputados se desarrolla en las instalaciones del Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social, ubicado Las Cumbres, arrancó con el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción, representada por los fiscales Edwin Juárez, Anilú Batista y Mahamad Daud Hasan de la presentación de pruebas testimoniales y documentales, que vincula a los investigados con el delito de peculado.
El fiscal Juárez explicó que en este caso transportistas y concesionarias del transporte público se aprovecharon del proceso de compensación de los buses tipo diablo rojo, que debían dar al paso al sistema de Metro Bus, para obtener beneficios de manera ilícita.
Juárez aseguró que en estas irregularidades también participaron funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), fiscalizadores de la Contraloría General de la República, propietarios de buses, transportistas y particulares.
Al inicio del juicio la juez primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, pidió a los imputados explicar como se consideraban de los cargos imputados, a lo que todos respondieron ser inocentes.
Luego se abrió el proceso de la presentación de pruebas extraordinarias aducidas tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores.
📹 El fiscal Edwin Juárez nos informa sobre la audiencia a 196 personas en el caso conocido como Compensaciones a Diablos Rojos. 👇 pic.twitter.com/x0dJobi7l9
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 3, 2024
También, en este proceso penal se rechazaron por improcedentes dos advertencias de inconstitucionalidad, las cuales la juez Rentería decidió no trasladarlas a la Corte Suprema de Justicia, por no cumplir con los requerimientos legales.
Entre los procesados en este caso se encuentran los exdirectores de la ATTT, Jorge Ricardo Fábrega, Roberto Moreno, Juan Pablo Mora y Ventura Vega. También figura el exjefe de compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Abraham Wiliams, los dirigentes transportistas Esteban Rodríguez, Eduardo Álvarez y Tomasito López, entre otros.
Durante la investigación, la Fiscalía Anticorrupción comprobó que algunos buses fueron compensados en más de una ocasión, también que algunos de los transportes compensados eran chatarra y no estaban prestando el servicio de transporte.
También se compensaron buses que fueron traídos del interior del país y que ni siquiera estaban inscritos para prestar el servicio de transporte público.
Las pesquisas también arrojaron que algunos dueños de buses no fueron compensados, ya que terceras personas falsificaron los certificados de operación de sus vehículos para hacerse con los fondos.
La investigación se inició en el año 2010, a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el entonces ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu.
