A pesar de que el juicio a 36 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la recepción de coimas provenientes de la empresa Odebrecht está previsto para el próximo martes 1 de agosto, aún muchos abogados alegan desconocer el contenido de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el plenario.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que la Fiscalía Anticorrupción entregó la semana pasada varias cajas con tomos de pruebas testimoniales, periciales y asistencias judiciales relacionadas con las transacciones realizadas a través de sociedades ligadas a Odebrecht en el extranjero. Son 14 pruebas testimoniales y 30 documentales.
En el expediente, que contiene unas 1,067 páginas, existen un total de 127 asistencias judiciales provenientes de país como Suiza, Brasil, México, Mozambique, Andorra, España y Barbados, entre otros países, así como más de 40 declaraciones de testigos.
Sin embargo, algunos de los abogados defensores alegaron desconocer el contenido de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y dijeron que tampoco el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ha hecho un pronunciamiento en cuanto a cuáles pruebas han sido admitidas y aquellas que han sido descartadas.
Además, los abogados de la defensa precisaron que aún están a tiempo para objetar algunas de las pruebas aducidas por la fiscalía, pero que al no conocerlas aún no han podido pronunciarse.
Carlos Carrillo, del equipo de abogados del expresidente Martinelli, dijo que presentó un recurso de nulidad contra el proceso, alegando violaciones a las garantías fundamentales de su cliente y que este aún no ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Carrillo alegó que el juzgado no puede realizar el juicio hasta que el Tribunal Superior de Liquidación resuelva este recurso.
Mientras que Marcela Araúz, abogada de Riccardo Francolini, dijo que el juzgado debe emitir un auto con las pruebas admitidas y aquellas que no serán parte del juicio.
Araúz estimó que es muy probable que el juicio se realice en la fecha alterna, es decir del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.
Por la misma razón Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi y Jaime Ford, también cree poco probable que el juicio se pueda realizar el próximo 1 de agosto.
Además, planteó que las pruebas rechazadas podrían ser sujetas de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Entre los llamados a juicio por esta causa figuran los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela Rodríguez (2014-2019).
También figuran los exministros Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Jaime Ford y Federico Suárez (Obras Públicas), Frank De Lima (Economía y Finanzas), José Domingo Arias (Vivienda), todos de la administración de Martinelli. Además, Carlos Duboy, quien fungió como titular y como gerente de Tocumen S.A. en la administración de Varela.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli, son otros de los llamados a juicio. En la vista fiscal del caso constan las declaraciones del directivo de Odebrecht, André Rabello, quien afirmó que desde el momento en que Martinelli ganó la elección (en mayo de 2009), los dos hermanos se le acercaron para ofrecerle sus servicios de intermediación y agilizar pagos y adendas a favor de la constructora a cambio de dinero.
En mayo pasado, los Martinelli Linares fueron condenados por una corte de Nueva York a tres años de prisión, por lavado de dinero en el caso Odebrecht. Reconocieron haber recibido 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente de Panamá. Se prevé que elementos de este fallo sean una de las pruebas aportadas por la fiscalía para el juicio, ya que durante la lectura de sentencia de este caso en mayo de 2022 el Ministerio Público envió a los fiscales Mahmad Daud Hasan y Agustín Almario.
Buena parte del caso se sustenta en los 18 acuerdos de colaboración eficaz y pena con exejecutivos de la constructora, testaferros, socios de algunos de los investigados y familiares de exfuncionarios que habrían recibido los sobornos.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber entregado 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha prohibido la entrada a ese país a Martinelli, Varela y sus familiares inmediatos por corrupción significativa cuando gobernaron el país.
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