La Fiscalía General Electoral (FGE) seguirá con las investigaciones en torno al manejo de fondos de la descentralización en el país.
Así lo dejó saber este lunes 28 de mayo el fiscal electoral Dilio Arce, a través de un comunicado. Esto, luego de que se conociera que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un amparo de garantías interpuesto por el director de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Edward Mosley Ibarra, que determinó que el procurador general de la Administración, Rigoberto González, no podía investigar la actuación ética de los funcionarios que manejaron fondos de la descentralización.
Según la FGE, el fallo de la Corte estaba dirigido “únicamente” contra las actuaciones que el procurador González adelantó dentro de la denuncia interpuesta en ese despacho por el abogado (y hoy diputado electo) Ernesto Cedeño.
“Por consiguiente, dicha decisión no tiene efectos sobre el resto de las denuncias que se interpongan en distintas entidades de investigación, como la FGE, con la finalidad de establecer si los fondos del programa de descentralización administrados por la AND y los municipios y juntas comunales de la República, fueron utilizados, entre otras cosas, con fines políticos”, expresó la entidad en el comunicado.
Sobre este tema, el procurador González dijo que, si bien acata el fallo de la Corte Suprema −que le impidió investigar a funcionarios por el manejo de fondos de la descentralización− manifestó que en este caso quien pierde es el ciudadano, que se quedará sin conocer el uso dado a estos recursos. “Debo acatar el fallo de la Corte, mas no compartirlo”, ya que ahora se impide hacer diligencias que “antes la propia Corte Suprema de Justicia me decía que podía”, afirmó el procurador.
Cabe recordar que el pasado viernes, bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García y en un fallo con seis votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte concedió un amparo de garantías interpuesto por el director de la AND, Edward Mosley Ibarra. El pleno adoptó esta decisión el 2 de octubre de 2023, pero fue comunicada la tarde del 24 de mayo pasado, casi ocho meses después. La misma conlleva un carpetazo a las diligencias del procurador González para investigar el paradero de los fondos asignados a la descentralización.
A favor votaron los magistrados Ariadne García (ponente), María Eugenia López Arias (presidenta de la Corte), Carlos Vásquez, Cecilio Cedalise, María Cristina Chen Stanziola y Miriam Cheng. Tres magistrados salvaron el voto: Olmedo Arrocha, Ángela Russo y Maribel Cornejo.
