La Fiscalía Anticorrupción solicitó un veredicto absolutorio para los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Jorge Ricardo Fábrega, Juan Pablo Mora, Roberto Moreno Olivares y Ventura Euribiades Vega durante los alegatos realizados en el juicio que se sigue a 187 personas por la comisión del delito de peculado debido a irregularidades en el proceso de compensación de buses tipo “diablo rojo”.
Durante los alegatos de la fiscalía, que se extendieron por cinco días, los fiscales anticorrupción Blanca Jiménez, Ilka Poveda, Anilú Batista, Edwin Juárez, Pedro Menacho y Mahmad Daud Hasan presentaron sus argumentos finales sobre la vinculación con el proceso de transportistas, prestatarias del servicio de transporte colectivo de pasajeros y servidores públicos. Según informes de auditoría de la Contraloría General de la República, se ocasionó una lesión de unos $24 millones.
En sus alegatos, los fiscales anticorrupción argumentaron que los exdirectores de la ATTT no tenían responsabilidad en las irregularidades detectadas en el proceso de compensación de los buses, ya que existía una comisión encargada de gestionar dicho trámite. La fiscalía solicitó condena para 164 personas y la absolución para otras 15 personas.
Entre las personas para las cuales la fiscalía solicitó condena está César Zapata, quien fungió como jefe de la Dirección de Servicios y Control Vehicular de la ATTT y miembro de la Comisión Evaluadora. También se solicitó una sentencia condenatoria para Rolando Urriola, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de Registro y Documentación de Transporte Público y formaba parte de la Comisión Evaluadora. Además, se desempeñó en la comisión técnica evaluadora y estuvo a cargo de las reasignaciones, transferencias y actualizaciones de los certificados de operación.
También se pidió condena para Rafael Castillo Achurra y César Augusto Riquelme, quienes se desempeñaron como jefes de compensación y tenían relación directa con los transportistas. Además, se solicitó condena para varios funcionarios de la Secretaría de Metas de la Presidencia, que tuvieron relación con el proceso de compensación.
En su última fecha de alegatos, el Ministerio Público se centró en la presunta responsabilidad de los funcionarios que en su momento integraron la Comisión Técnica Evaluadora para el proceso de compensación económica por la entrega de buses, tanto de la ATTT como de la Secretaría de Metas.
Al juicio, que se desarrolla desde el pasado 3 de junio en el Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social (CSS) en Las Cumbres, comparecen 187 personas en calidad de imputadas. Las mismas son representadas por 88 defensores técnicos y 6 defensores públicos.
