La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza este martes 14 de julio una serie de diligencias como parte de una investigación sobre unas armas supuestamente donadas a los jefes de varias entidades del Estado, por parte del proveedor Aerotécnica de Panamá, S.A.
Entre las diligencias realizadas hay inspecciones a las residencias del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, en Río de Jesús, provincia de Veraguas, y de Ricardo “Ricky” Domínguez, representante del corregimiento de Bella Vista, en el PH Quadrat, en San Francisco.
Domínguez, además, se encuentra declarando en la fiscalía, ya que había adquirido una de las armas del lote que está bajo investigación. Precisó que porta un arma “de defensa personal”, la cual está debidamente registrada y con todos los permisos requeridos por ley. Dijo que cooperará con las autoridades para aclarar cualquier pregunta al respecto.
Por este mismo caso, el exdirector de la Policía Nacional, Omar Pinzón, está en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
La investigación es por presunto tráfico de armas.
Para esta tarde, a las 3:00 p.m., se debía celebrar una audiencia, solicitada por López, para “instar a la imputación”. La fiscalía nunca se presentó, razón por la que el juez reprogramó la audiencia para el miércoles 15 de julio, a la 1:00 p.m.
El Código Procesal Penal, en su artículo 286, señala: “En caso de que a alguna persona se le cause un perjuicio a su patrimonio o a su libertad sin que medie formulación en su contra, acudirá ante el juez de garantías para instar a la inmediata formulación de la imputación... Asimismo, la víctima podrá instar al fiscal para que se pronuncie sobre la investigación”.
El fiscal Emeldo Márquez tiene un plazo de dos días para formular la acusación; de no hacerlo, se decretará el archivo del caso.
“El señor Rolando López está pidiendo al fiscal que presente lo casos que existen en su contra”, dijo Ángel Álvarez, abogado de López, en Radio Panamá. Indicó que su cliente no se encontraba en su residencia, cuando ésta fue allanada.
Álvarez remarcó que a los investigados no se les ha informado nada de lo que reposa en la carpetilla.
Por su parte, la Policía Nacional celebrará una conferencia esta tarde, para informar sobre el caso.
A la sede de esa fiscalía, en vía España, también se presentó Julio Moltó, quien fue director de la Policía Nacional y del CSN, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Aunque en principio se creía que Moltó estaba en la fiscalía por otro caso, resultó que su presencia sí guarda relación con la presente investigación.
Su abogada Marcela Araúz señaló que Moltó recibió el arma como un regalo. “La fiscalía debe demostrar en qué consiste ese ilícito”, y remarcó que su cliente compareció voluntariamente. Araúz señaló que la fiscalía investiga a un grupo considerable de personas, que portan armas del lote investigado, pero insisten que la han adquirido legalmente.
También se presentó el abogado Herbert Young, quien dijo que representará a varios de los mencionados en la investigación. No precisó nombres. Lo mismo informó Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad, quien dijo que sus clientes habían adquirido las armas “de buena fe”; algunos son aficionados a la cacería y el tiro, y no son exfuncionarios.
“Les vendió al arma una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a importar armas... La empresa se comprometió a entregarles el permiso de tenencia y porte. Así que son tenedores legítimos, de buena fe, pero resulta ahora que los antecedentes previos, es decir, el certificado de destinatario final, todo el proceso de importación aparentemente es fraudulento, y eso es lo que vengo a ver”, señaló Aguilera.
“Por lo que he estado viendo, aparentemente, hay posibles funcionarios de Senafront, de la Policía, de la Armería de la Policía y de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública”, involucrados en la investigación, agregó el exministro.
Señaló que sus clientes son “víctimas”, ya que fueron estafados por la empresa que vendió las armas.
“Les han vendido un arma con permiso y les ocultaron el hecho de que había una serie de pasos previos de importación que adolecían de los requisitos legales y que probablemente violan la ley penal”, recalcó.
Por su parte, el exministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario (2018-2019), subrayó que desconoce los detalles sobre las investigaciones que se siguen contra exfuncionarios del Gobierno pasado.
“Me extraña esta situación, porque yo conozco al señor Rolando López y es una persona muy seria, correcta y profesional... Evidentemente, debe cumplirse con el debido proceso, para que al final prevalezca la justicia”, acotó.
(Con información de Juan Manuel Díaz, Olmedo Rodríguez y Ohigginis Arcia)
