Una investigación de la Fiscalía Superior Anticorrupción del Ministerio Público (MP) dejó al descubierto que dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) recibieron pagos de $1,500, $2 mil y hasta $5 mil por agilizar trámites para la titulación de un terreno en Pacora, en el Departamento de Mensura de la entidad.
La investigación de la fiscalía se remonta al 14 de febrero del 2022, cuando un ciudadano se apersonó a las instalaciones del MP para denunciar que los servidores públicos le estaban cobrando la suma de hasta $5 mil para agilizar un trámite concerniente a una inspección catastral.
Desde ese momento, la fiscalía ordenó una serie de diligencias de seguimiento, vigilancia y verificación de llamadas telefónicas, lo que probó que el denunciante tenía razón.
El pasado lunes, la fiscalía allanó la sede de la Anati y aprehendió a los dos funcionarios, al igual que a un particular. Los mismos fueron llevados ayer martes ante un juez de garantías.
La audiencia de legalización de la aprehensión, imputación y aplicación de medidas cautelares se celebró en horas de la mañana de ayer en la sala de audiencia número 6 del Primer Distrito Judicial de Panamá, en Plaza Ágora. Los fiscales anticorrupción Nadia Tuñón y Olmedo Gómez explicaron que a los investigados se les hizo seguimiento y en sus teléfonos celulares se ubicaron mensajes de WhatsApp en los que solicitaban adelantos de dinero para la realización de los trámites.
Según la investigación, Abdiel Bernal, quien funge como director de Asesoría Legal de la Anati, supuestamente usó los servicios de Ángelo Madrid, otro funcionario de esa dirección, y del particular José Mock, para recibir dinero y así agilizar el trámite que se encontraba en la Dirección de Mesura de Anati.
El fiscal Gómez dijo que, en este caso, los planos que debían agilizarse se encontraban en la Dirección de Mensura y que los funcionarios usaron sus cargos para ejercer actividades irregulares.
La jueza de garantías Oris Medina declaró legal la aprehensión de los tres investigados y les imputó cargos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
Los tres imputados quedaron libres, pero deberán reportarse dos veces al mes y tienen prohibido salir del país y acercarse a la víctima y a las instalaciones de Anati.
Rubén Castrejo Camarena, abogado de Bernal, alegó que los cargos presentados contra su cliente son infundados, ya que no hay pruebas del supuesto cobro de dinero para agilizar el citado trámite.
Castrejo alegó que si bien su defendido recibió un depósito de dinero, este correspondía a trámites legales de vieja data y que no se trata de ningún acto irregular.
Recalcó que el Ministerio Público intentó durante la audiencia vincular a su cliente con un delito grave y pidió la detención preventiva, pero que la jueza de garantías negó la solicitud y, en su lugar, dispuso medidas cautelares más laxas, por la falta de indicios efectivos de vinculación con el supuesto ilícito.
El Ministerio Público tendrá un período de seis meses para concluir con la investigación y ubicar las evidencias para presentar la acusación y solicitud de juicio.
