Un tribunal guatemalteco autorizó la extradición a Estados Unidos de Ricardo Alberto Martinelli Linares, luego de que este comunicara (verbalmente y por escrito) su deseo de ser enviado “a la mayor brevedad” a ese país, donde es acusado de presuntamente conspirar para lavar los sobornos pagados por Odebrecht.
“Deseo expresar mi voluntad de allanarme al proceso de extradición y pido que se haga la gestión para partir a la mayor brevedad”, solicitó Martinelli Linares a los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en una audiencia celebrada este lunes 8 de noviembre, en la que se le comunicaron formalmente los cargos de presunta conspiración de lavado de dinero, por los que es requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
“Renuncio a toda impugnación o recurso pendiente”, remarcó Martinelli Linares, luego de escuchar los cargos que se le endilgan. Ante el tribunal, se identificó como un empresario panameño, de 42 años de edad. No mencionó la inmunidad diplomática de la que presuntamente goza, como ha alegado su abogado desde que fue capturado, el 6 de julio de 2020.
Los jueces del Tribunal Tercero no dudaron en acoger la solicitud del requerido, quien por más de un año estuvo presentando recursos precisamente para impedir su entrega, pero se allana cuando ya fue autorizada la extradición de su hermano Luis Enrique, también detenido en Guatemala a solicitud de Estados Unidos, por los mismos cargos. La partida de Luis Enrique es inminente y solo está pendiente que la embajada estadounidense en Guatemala comunique la fecha y hora del vuelo.
“Ante la manifestación expresa, este tribunal decide resolver la formal extradición, a efectos de ser entregado a los Estados Unidos de América, para el correspondiente proceso penal instaurado en esa nación”, comunicaron los jueces del Tribunal Tercero, luego de escuchar el pedido de Ricardo Alberto. De ese modo dieron por notificado al requerido. La decisión fue leída por el presidente del tribunal, Saúl Álvarez.
Igualmente, los jueces ordenaron que se mantenga detenido en la prisión militar Mariscal Zavala, hasta que se complete su entrega a las autoridades estadounidenses.
El Tribunal Tercero también decretó el secuestro de dos teléfonos celulares marca Apple, que le fueron incautados al momento de su captura. Los otros objetos incautados podrán ser retirados por los abogados defensores, si así lo solicitan. Se trata de dinero en efectivo (2,425 euros, específicamente), ocho tarjetas plásticas y una metálica, todas a su nombre.
Las disposiciones comunicadas en esta audiencia serán ahora consignadas en una resolución, cuya copia podrá ser retirada por la defensa a partir del jueves 11 de noviembre, a las 2:00 p.m.
La audiencia de este lunes inició a las 10:00 a.m. (11:00 a.m. hora de Panamá). Minutos antes, Ricardo Alberto llegó a la sede del tribunal escoltado por agentes policiales, pero sin esposas. Caminaba con un bastón y en la mano llevaba un botella plástica de agua. Vestía una blazer negra, camisa de manga larga blanca con rayas celestes, jeans y mascarilla negra. No ofreció declaraciones a los periodistas.
En la audiencia, el Ministerio Público de Guatemala leyó la solicitud de extradición de Estados Unidos y expuso los tres cargos por los que es requerido el hijo mayor del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), todos ligados a los sobornos que la constructora Odebrecht reconoció haber pagado en Panamá, a cambio de contratos de obras civiles.
La fiscal Karina Bolaños explicó que los dos hijos del expresidente son acusados de tres cargos: uno, por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos, por ocultar información sobre blanqueo de capitales. Todo está explicado en el indictment presentado en febrero pasado en la Corte del Distrito Este de Nueva York y se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, lo que coincide con todo el mandato presidencial de su padre.
Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de dinero.
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En la acusación formal, se dice que los hermanos Martinelli Linares participaron como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones.
“Aproximadamente $19 millones fueron transferidos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y Nueva York”, leyó la fiscal Bolaños, quien señaló que Ricardo Alberto y Luis Enrique “llevaron a cabo una serie de pasos para abrir compañías ficticias en jurisdicciones extranjeras, para recibir los sobornos de Odebrecht, para beneficio del gobierno oficial de Panamá”.
Bolaños agregó, en concreto, que los hermanos sirvieron como signatarios de las compañías ficticias “y personalmente enviaron y causaron el envío de transferencias bancarias, para ocultar y gastar las ganancias del soborno”.
El detenido estuvo acompañado por su abogado Abraham Girón, quien advirtió al tribunal que la fiscalía estaba identificando equivocadamente a su cliente, ya que en lugar de nombrar a Ricardo Alberto, mencionaba a su hermano Luis Enrique, cuyo proceso de extradición se dirime en un tribunal distinto.
La fiscal Bolaños reconoció entonces que la equivocación era de ella, ya que en toda la documentación que respalda la extradición se identifica claramente a Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Antes de iniciar la audiencia, Martinelli Linares había manifestado por escrito su intención de acogerse voluntariamente al proceso de extradición.
“Por convenir a mis intereses y haber tomado la decisión de someterme al proceso de extradición de forma pasiva, de manera voluntaria y espontánea, solicito desistir de la acción constitucional de amparo”, señaló en un escrito de desistimiento presentado en septiembre pasado, en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Igualmente, el 26 de octubre de 2021, dirigió una nota al Ministerio Público, en la que “manifiesta su interés de allanarse al procedimiento de extradición”.
“El Ministerio Público requiere que, si esa fuera la postura de la defensa, se pide que sea declarado procedente y que sea puesto a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se tramite su entrega a Estados Unidos, por los cargos que se han expuesto en la diligencia”, expresó la fiscal Bolaños.
El proceso de extradición de Luis Enrique marcha a otro ritmo y se dirime en otro tribunal (el Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente), que en mayo pasado celebró la audiencia en la que le comunicó formalmente los cargos que afronta en Estados Unidos. La decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones, en junio.
De hecho, el pasado jueves, personal del servicio migratorio visitó a Luis Enrique en la prisión militar Mariscal Zavala, para tomarle una fotografía. Con él estaba su hermano, pero este no participó de ninguna diligencia.
