Un vistazo a las estadísticas criminales en los primeros ocho meses del año revelan un aumento en los delitos de homicidios, violencia doméstica y un leve descenso con respecto a los delitos sexuales, robos, estafas y otros fraudes.
Datos estadísticos del Ministerio Público (MP) destacan que al cierre de agosto pasado en todo el país se habían registrado un total 362 homicidios, un total de 40 asesinatos más que los cometidos en el mismo período del año 2022 cuando se registró un total de 322 crímenes.
La provincia de Panamá es la más violenta del país con un total de 209 homicidios, de los cuales 72 se perpetraron en el distrito de San Miguelito, en donde a principios de año las autoridades aumentaron el pie de fuerza de miembros de la policía y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) debido a los enfrentamientos entre pandillas rivales que se disputaban el control de la venta de drogas. En toda la provincia de Panamá, incluido San Miguelito, en los primeros ocho meses de 2022 se reportaron 177 homicidios.
La provincia de Colón también marca una alta incidencia, pero a la baja, en los casos de homicidio, ya que hasta agosto pasado se reportaron 60 asesinatos y en el mismo período del 2022 se habían registrado 69 crímenes.
Las cifras también revelan que el 80% de las víctimas de homicidio son hombres entre los 18 a 25 años de edad y que el 90% de los asesinatos son cometidos con armas de fuego.
El ministro de Seguridad, Juan Pino, aseguró que un alto porcentaje de los homicidios que se registran en las ciudades de Panamá y Colón guarda relación con ajustes de cuentas del mundo del tráfico de drogas.
En el caso de los delitos sexuales las estadísticas del MP reflejan un ligero descenso. En 2023, cuando se denunciaron 4,239 delitos sexuales, 90 casos menos que en el 2022, cuando se contabilizaron 4,329 casos.
Las violaciones descendieron de 4,049 en 2022 a la cifra de 3,973 hasta agosto de 2023.
No obstante, la violencia doméstica es un delito que sigue creciendo, ya que hasta agosto pasado se habían registrado 16,028 denuncias, un aumento de 508 casos, cuando en 2022 se habían dado un total de 15,520 casos.
La provincia de Panamá registró un total de 4,454 denuncias, de las cuales 915 corresponden al distrito de San Miguelito.
Las provincia de Chiriquí, con 1,508 casos y Panamá Oeste con 2,639 denuncias, también aparecen con una alta incidencia de este delito.
En cuanto a las denuncias por el delito de robo en 2023 se reportaron 3,216 casos, 465 menos que en 2022 cuando se entraron al sistema 3,681 reportes.
Según las autoridades en los delitos de robo suele existir un subregistro, ya que muchas personas no presentan denuncias por robo.
El criminólogo y ex detective de la antigua Policía Técnica Judicial, Julio Alonso, dijo que es necesario establecer estrategias de prevención y mitigación de los actos delictivos. Alegó que muchas modalidades criminales como los secuestros extorsivos y las estafas electrónicas son importadas de países vecinos.
Alonso reconoció que la influencia del narcotráfico tiene un conexión con los crímenes que se cometen en las calles por disputas por el control de territorios.
Dijo que es necesario que las actuales candidatos presidenciales expongan sus programas de seguridad para enfrentar la inseguridad y crimen organizado.
Por su parte, David Villarreal, ex detective de la Dirección de Investigación Judicial, destacó que para neutralizar el crimen es necesario establecer estructuras de seguimiento e inteligencia.
Villarreal estimó que leyes como las de extinción de dominio, que ha presentado dos veces el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, son herramientas útiles para enfrentar al crimen organizado, pero que es necesario trabajar en aspectos como la prevención y el rescate de jóvenes en riesgo social.
En tanto, el exministro de seguridad, Rodolfo Aguilera, consideró que los planes de seguridad ciudadana aplicados por la actual administración gubernamental han fracasado, ya que solo se apostó por la represión y se abandonaron los planes de resocialización, lo que ha llevado a un alto índice de reincidencia de los privados de libertad.
Aguilera alegó que quien sale de prisión no tiene alternativas para obtener ingresos más que volver a la vida criminal.
