A pesar de ser señalado por la Fiscalía Anticorrupción como la persona que entregó falsas tarjetas de vacunación en dos jornadas clandestinas supuestamente contra la covid-19, y cobró por este servicio, Aaron Arosemena fue beneficiado con la medida cautelar de depósito domiciliario, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.
La fiscal anticorrupción Itzel Koo dijo no estar de acuerdo con la medida del juez de garantías ya que a su juicio existe el riesgo de fuga, y porque al procesado se le acusa de un delito grave, pues puso en peligro la salud de muchas personas.
Durante una audiencia celebrada ayer viernes la funcionaria judicial añadió que en el operativo en que se detuvo a Arosemena —realizado el pasado miércoles en el distrito de Arraiján— el hombre intentó fugarse, por lo que reiteró la necesidad de que se mantenga bajo arresto.
La audiencia de apelación se efectuará el próximo 9 de septiembre.
Koo aseguró que en la investigación sobre las jornadas de vacunación en Coco del Mar y Punta Pacífica (junio de 2021) quedó establecido que Arosemena fue la persona que acompañó a Matías Pérez Escudero para realizar las inoculaciones, y de paso entregó tarjetas de vacunación que supuestamente eran del Ministerio de Salud, por las que cobró entre $200 y $300 por persona.
Ese dinero, de acuerdo con la investigación, lo pagaron los clientes inmediatamente después de haber sido vacunados. Estos se enteraron de las jornadas clandestinas a través de chats de Whatsapp.
En la audiencia de ayer también se legalizó la aprehensión del procesado y se le imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documentos y contra la salud pública.
Según las pesquisas de la fiscalía, la declaración de algunos testigos también revela que tras la vacunación, Matías Pérez Escudero, en su papel de supuesto médico, recomendó a los clientes tomar Tylenol si sufrían de dolor en el brazo en que recibieron la inyección.
Por este caso la fiscalía también ha formulado cargos por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública a Celine Gazal de Esses, y a Denisse Vega de Murzi, organizadores de las dos jornadas. Vega alcanzó un acuerdo de pena de 48 meses de prisión que se hará efectivo luego del juicio.
