Jhonatan González, alias Krusty, imputado por el homicidio del expresidente del Concejo Municipal de San Miguelito, César Pelé Caballero, está siendo investigado por otros dos casos de homicidio y mantiene una condena de 64 meses de prisión por posesión ilícita de arma de fuego.
González, de apenas 21 años de edad, fue detenido en la provincia de Colón en un retén policial, y al ser verificado por las autoridades se confirmó que estaba en la lista de los más buscados, al estar vinculado en varias investigaciones relacionadas con homicidios y tentativa de homicidio.
A través de un proceso de reconocimiento facial biométrico, realizado por peritos forenses, se logró establecer que la persona que aparecía en un vídeo de seguridad en la escena del crimen de Caballero correspondía a González.
El entonces presidente del Concejo Municipal de San Miguelito fue asesinado en el mes de noviembre de 2023, en momentos en que llegaba a su residencia en Villa Zaita. A Caballero le propinaron al menos 10 tiros.
La investigación adelantada por el Ministerio Público precisa que los tres sicarios que participaron en el crimen cobraron $4 mil.
En el vídeo recuperado por las autoridades se observa que dos sicarios dispararon contra Caballero, mientras que el tercero conducía el automóvil en el que se trasladaron a la residencia de la víctima.
Caballero se desempeñaba como representante del corregimiento de Belisario Porras por el entonces gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Durante las investigaciones, las autoridades ubicaron en la provincia de Herrera el arma con la cual presuntamente se cometió el crimen de Caballero.
Tras varios análisis balísticos se pudo establecer que la pistola está relacionada con otros siete homicidios que están bajo investigación.
Las autoridades sospechan que el arma es alquilada o intercambiada por miembros de un grupo criminal para la comisión de ajustes de cuentas o crímenes por contrato.
El pasado 11 de diciembre el juez Luis Ceballos acogió la solicitud de imputación presentada por la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio Metropolitana del Ministerio Público.
Durante la audiencia se conoció que el crimen de Caballero fue ordenado por un reo que se encuentra recluido en la cárcel ubicada en la isla de Punta Coco y que móvil del crimen fue la negativa de Caballero de entregarle parte de los fondos recibidos por la Junta Comunal de Belisario Porra procedentes de la descentralización.
También se conoció que seis días antes del crimen, la junta comunal de la que estaba a cargo Caballero recibió un millón de dólares de la descentralización para realizar obras en esa comunidad.
De acuerdo con los indicios recabados por las autoridades, Caballero se habría negado a pagar la extorsión hecha por un grupo delictivo y por ello se dio la orden de atentar contra su vida.
El político era gran amigo del diputado perredista Raúl Pineda, quien por estos días está señalado en la operación Jericó, misma que desmanteló una red de narcotráfico y lavado de dinero.
Desde el inicio de las investigaciones, el Ministerio Público descartó que el crimen de Caballero tuviese motivaciones de carácter político.
