El juez de garantías, Fermín Bonilla, imputó cargos a cuatro ciudadanos de ascendencia china por los delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de migrantes introducidos a Panamá de manera ilegal por la frontera con Costa Rica.
A tres hombres y a una mujer se les atribuye haber colaborado con el reclutamiento de migrantes a través de redes sociales en China. A los migrantes se les cobraba $23 mil a cada uno para traerlos a Panamá.
Bonilla aplicó la medida cautelar de detención preventiva a uno de los presuntos cabecillas de la red criminal, mientras que a los otros tres se les aplicó la medida de arresto domiciliario.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, los migrantes eran traídos en vuelos comerciales hasta Costa Rica, luego llevados a la frontera con Panamá por tierra y cruzaban la frontera por rutas clandestinas con poca vigilancia por parte de las autoridades.
Una vez en territorio panameño, los migrantes eran ubicados en locales comerciales dedicados a la venta de víveres o materiales de construcción.
Las autoridades también descubrieron que la red criminal generó ingresos por $2.5 millones y que invirtieron parte de estos fondos en bienes inmuebles, autos y en la apertura de negocios que servían de fachada para justificar el movimiento de dinero.
En la operación Asia, la fiscalía se incautó de cuatro vehículos con un valor de $203 mil, dos fincas valoradas en $350 mil, cuatro plazos fijos por un monto de $850 mil y 15 cuentas bancarias con $916 mil.
La fiscalía también obtuvo evidencias de que este grupo criminal mantenía un bajo perfil con el objeto de eludir a las autoridades.
Los primeros indicios de la operación de esta red criminal se remontan al año 2017, cuando autoridades de migración detectaron a un grupo de migrantes chinos con documentos alterados.
