La vulnerabilidad de los jueces, despidos judiciales y falta de una carrera judicial pudieran ser los factores que inciden en las decisiones que se dan en los tribunales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), con demandas por resolver ante la Corte Suprema de Justicia y falta de credibilidad tras once años de funcionamiento.
¿Qué se sabe de sus jueces y qué hacen? “La primera necesidad de los jueces es su independencia basada en lo que la ley contempla para ello… y dejarlos trabajar en total autonomía”, enfatizó la magistrada de Apelaciones, Yiles Zoiné Pittí, en su presentación como aspirante a magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“La sociedad debe saber que hay jueces que no tienen temores”, sustentó la magistrada, en referencia a que tanto ella, como todos los jueces del SPA, están nombrados de manera interina.
En las últimas semanas se ha cuestionado la independencia del sistema, los criterios de los jueces y de los fiscales en las investigaciones, tanto así, que algunos abogados atribuyen la reciente destitución de la jueza de Garantías, Elkis Martínez, a una decisión en derecho que no agradó a uno de los actores del sistema.
Así lo ve la exjuez
La propia exjueza Martínez se refirió al hecho, que calificó como un error: La Oficina Judicial del SPA debió agendar primeramente una audiencia de causa compleja (en la mañana) donde se imputarían cargos a decenas de procesados por los delitos de conspiración relacionados con drogas y blanqueo de capitales, pero agendó para esa hora la de vencimiento de plazo y ella no fue notificada de esa audiencia.
Por ende, tuvo que aplicar el control de garantías en la audiencia de vencimiento de plazo y solicitar un escrito de acusación en 48 horas a la Fiscalía. Esta decisión fue rechazada tras presentarse una acción de amparo que revocaba la orden de la exjuez Martínez.
Luego de resuelto el amparo de garantías en su contra, recibió la notificación que ponía fin a su carrera como juez, mediante el Acuerdo 1036 del 9 de mayo de 2022. ¿La razón? Su cargo era de libre nombramiento y remoción.
Aun así, no puede asegurar que estos fueron los motivos de su destitución. “Hay un ahogamiento o muchas audiencias que fijar. No podía apadrinar las deficiencias del Ministerio Público y la Oficina Judicial”, recalcó. “A través de mí se quiso enviar un mensaje y llegó alto y claro”, consideró.
Martínez, quien presentó un recurso de reconsideración y regresó al sistema, pero el 6 de octubre pasado le notificaron que se mantenía la destitución, si bien tres magistrados de la Corte emitieron salvamento de voto y uno fue razonado.
En ese momento, su nombramiento era interino, como el de todos los jueces del SPA.
¿Actúan en derecho o por miedo?
En este aspecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, fue tajante al decir que decisiones complicadas sobre casos de delincuencia organizada o narcotráfico, hacen que el juez esté en condición de vulnerabilidad. “Los abogados no distinguimos causas simples o sensitivas, todo debe ser igual”, sustentó.
Araúz, quien mantiene el tema en la palestra, explicó que desde el día uno, con la aplicación y nacimiento del Sistema Penal Acusatorio en 2011, la posición del juez es interina. Esto trae como consecuencia que cualquier juez puede ser cesado sin ningún tipo de procedimiento, y ante estas decisiones, existe la duda de que ese mismo juez pueda actuar sin ningún tipo de independencia judicial por temor a ser destituido.
Por su parte, el abogado penalista, Valentín Jaén, argumentó que esta decisión genera un mal precedente porque se provoca un terror que va a impedir que los jueces actúen en derecho, además, atenta contra la seguridad jurídica de cualquier sujeto que enfrenta un proceso y que su suerte esté definida por un juez de garantías, cumplimiento o de juicio. “Pareciera que estuviéramos ante un terror judicial”, destacó.
En esa misma línea, el abogado defensor, Carlos Brown, insiste en que “hay un miedo”; muchos jueces piensan más en la institución que en tomar sus decisiones en derecho, a pesar de que en las audiencias la fiscalía llega con falencias.
Y aún hay más: Una exjuez destituida este 2022, quien pidió reserva de su identidad, recordó que todos sus excolegas están interinos, y que actualmente muchos jueces no están poniendo su puesto en juego. Ellos devengan un salario de 3,500 dólares más 1,500 de gastos de representación.
Sin respuestas
Para implementar la carrera judicial en el SPA y efectuar los concursos para nombrar a los jueces, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó vacantes todos los puestos de jueces de Garantías, de Juicio Oral y de Cumplimiento desde el 6 de enero de 2022, con el fin de llenar dichos cargos a través de los procedimientos que establece la Ley N° 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial. Pero aún no se ha hecho.
En 2016, con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial, que incluye a Panamá, Colón, Darién y las comarcas indígenas, 292 funcionarios fueron nombrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia del exmagistrado José Ayú Prado.
Se trataba de designaciones fuera del marco de la ley de carrera judicial, con nombramientos para jueces, defensores de oficio, magistrados y directores de oficinas judiciales que ingresaron dentro del SPA. Ante este nombramiento masivo, se desconocía cuántos nuevos funcionarios habían sido designados por los superiores de la Sala Cuarta y por el pleno.
Carlos Lee, representante de la Alianza Ciudadana ProJusticia ante el Pacto de Estado, explicó cómo este procedimiento se asemejaba a lo ya ocurrido a inicios de la instalación del SPA en Coclé cuando, mediante un Acuerdo de la Sala Cuarta, los magistrados nombraron a sus homólogos de apelaciones, por lo que se presentó una demanda de inconstitucionalidad no resuelta a la fecha.
Pero esta no es la única sin respuesta. Con el nombramiento de los 292 funcionarios judiciales en 2016, mediante los Acuerdos 397 y 398 de 27 de julio de 2016, el Pacto de Estado por la Justicia pidió a la Corte, ese mismo año, que explicara los criterios tomados en cuenta para estas designaciones, debido a que la ley de carrera judicial establece un procedimiento para el nombramiento de las instancias inferiores de jueces, magistrados, defensores de oficio y personal directivo de las oficinas judiciales. Su expresidente, Ayú Prado, tampoco respondió.
Lee sostiene que esta decisión inconstitucional afecta al sistema. La Alianza, como impulsora de la carrera judicial, cuestionó los errores, pero también determinó que el Estado había invertido en funcionarios de seis años de trayectoria, por lo que todos los cargos debieron ser sometidos a la aplicación de la carrera judicial, con concursos abiertos con los que se acreditara la capacidad y la experiencia en el sistema.
Desde el 2 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2022, se realizaron 470,302 audiencias de garantías en el Sistema Penal Acusatorio. Solo en el primer distrito judicial (Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién y comarcas) se efectuaron 231,031.
Este medio solicitó a la Oficina de Comunicación, tanto de la Corte como del Ministerio Público, una entrevista con un encargado del Sistema Penal Acusatorio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de la Corte, mientras el Ministerio Público argumentó que los fiscales no emiten opiniones.
(Primera de dos entregas)
